En el año 2007, animados por el Gobierno de España con incentivos publicados en el BOE, 62.000 familias decidieron invertir en Energías limpias.
El gobierno de J.L. Rodríguez Zapatero, comandado por el Ministro de Energía Miguel Sebastian, decretó el cambio de reglas en el marco legal para las inversiones renovables, y estas personas que ahorraban para complementar su pensión futura quedaron atrapadas y desprotegidas, perdiendo sus inversiones o gravando el resto de su patrimonio con nuevos préstamos.
Tampoco el sucesivo mandato de M.Rajoy, con el Ministro de Energía Sr. Soria, revirtió esta situación que desde la oposición tanto se estuvo afanando en condenar. Más bien todo lo contrario, institucionalizó el agravio y ahondó en los recortes a la rentabilidad; agravando aún más la situación de aquellas familias pioneras de las Renovables.
Mientras en el ámbito legal, la justicia española avaló las decisiones de los diferentes gobiernos declarando legal la retroactividad de las normas, en un cambio de criterio jurisprudencial sin precedentes cuya excepción justificó el estamento legal apellidando como "impropia" y acuñando el nuevo tipo de retroactividad que permite el incumplimiento de las propias leyes dictadas.
Diferente suerte corrieron los Fondos internacionales, que también entraron a apoyar la llamada del Gobierno español a las inversiones en sostenibilidad. Denunciando el incumplimiento ante la Corte Internacional de Arbitraje obtuvieron el resarcimiento por parte del Reino de España con indemnización en muchos casos del perjuicio sufrido.
El daño reputacional ya estaba causado; pero para rematar, la seguridad jurídica herida por la retroactividad recibiría otro golpe asestado por un Estado animado por lobbys al servicio del oligopolio para limpiar la competencia de nuevos actores y mantener el mercado cautivo de la energía: el célebre Impuesto al Sol, que gravaba la propia energía que producían y consumían los autoconsumidores de energía solar fotovoltaica.
Se evidenció así la falta de solvencia profesional y la torpe improvisación de una Abogacía del Estado que debiera haber estudiado en profundidad el RD 661/2007. ¿ Por qué no previeron la presunta insostenibilidad del modelo de apoyos estatales que iba a vender el Estado, ni el daño económico a las arcas Públicas por la pérdida de pleitos internacionales como tampoco la inseguridad jurídica infligida que esta chapuza ha venido provocando con posterioridad?
Como continúa viva la injusticia hacia estas gentes del país que de buena fe confiaron en la palabra escrita del Estado y que destinaron su patrimonio a construir un país menos contaminado, se ha apelado al Europarlamento, que ha respondido desentendiéndose porque considera imprudentes a quienes se fiaron de los gobernantes de su propio país.
El daño de hoy es causa de la falta de profesionales en energías renovables, jóvenes de entonces que decidieron estudiar otra cosa, de empresas que ya no es que no vengan a España , sino que se van en busca de seguridad jurídica a otros países.
La falta de depuración de responsabilidades y su reparación es un aviso a navegantes que pesa como una losa, y hay que tirar de esta manta de plomo que está lastrando la confianza en las instituciones y en el país.
Para ello nuestro ordenamiento jurídico establece la posibilidad de determinar responsabilidades en sede parlamentaria mediante la creación de una Comisión de Investigación, que puede formarse en el Parlamento solicitándolo bien 1/5 de los 349 diputados (69,8), bien 2 Grupos Parlamentarios, o veinticinco Senadores que no pertenezcan al mismo Grupo parlamentario.
