La resolución del caso Watkins refuerza la posición de los demandantes y allana el camino para la ejecución de otros laudos en Estados Unidos, poniendo en riesgo activos españoles en el extranjero ante posibles embargos.
Un tribunal federal en Washington D.C. ha rechazado la solicitud de España para mantener la suspensión del litigio iniciado por Watkins Holdings, que busca ejecutar un laudo arbitral de 77 millones de euros (80 millones de dólares). Este fallo representa una nueva derrota para el gobierno español en su intento de evitar el cumplimiento de sentencias arbitrales internacionales derivadas de la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables.
El caso Watkins ha sido un punto clave en la serie de disputas legales que enfrenta España por las modificaciones regulatorias en el sector energético. La empresa, junto con otras compañías de energías renovables, demandó al Estado español alegando perjuicios económicos tras los cambios introducidos en 2013. En 2020, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) condenó a España a indemnizar a los afectados, una sentencia que el país ha tratado de impugnar sin éxito.
Este revés se suma a la colección, con más de 20 laudos arbitrales en contra de España por políticas energéticas e indemnizaciones que ya superan los 1.478 millones de euros, además de 352 millones en costes financieros y legales. A pesar de los intentos del Gobierno de Pedro Sánchez por frenar estas ejecuciones, tribunales de EE.UU., Australia, Bélgica, Gran Bretaña, Alemania y Suiza han rechazado sus estrategias de defensa.
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Reiterados incumplimientos de España del Tratado Internacional de la Carta de la Energía, con la complicidad de la UE, provocan desatado huraTrám entre el Rey Sol y el Papa Luna.
Repasamos la cronología de los hechos por los que se multiplican las condenas al país en los Tribunales internacionales, los motivos de su morosidad para indemnizar a inversores perjudicados de las renovables y sus secuelas.
Diversos estamentos internacionales de Justicia, avalados por el Banco Mundial, están instando a España para el cese de su morosidad en el pago de las compensaciones arbitradas por el CIADI.
