El desajuste provisional de ingresos y gastos en el sector eléctrico ha sido de -1.777 millones de euros. El total de ingresos se elevó a 5.460 millones de euros, mientras que el conjunto de costes se situó en 7.238 millones.

Las grandes instalaciones fotovoltaicas debían ponerse en funcionamiento a más tardar el 31 de agosto de 2011, para beneficiarse de las tarifas de incentivación.

Los Estados miembros deben proteger los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima. Sí, esos mismo principios que España vulnera sin piedad, con ayuda de políticos y jueces.

A nivel mundial continúan existiendo importantes márgenes de reducción de los incentivos respecto a los concedidos en los últimos años.

Los Estados miembros han de introducir medidas diseñadas para garantizar la cuota de energía procedente de fuentes renovables.