El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, ha dictado nuevo laudo que eleva a 262.000.000 € la condena a España en favor de los fondos Eiser Infrastructure Limited y Energía Solar Luxembourg
Esta cifra duplica la sanción inicial de 128 millones de 2017, la cual fue anulada en 2020 y reabierta a petición de los reclamantes en 2021, demostrando la persistencia del litigio.
El origen del conflicto reside en las sucesivas modificaciones normativas, aplicadas por distintos gobiernos entre 2012 y 2014, que alteraron de forma retroactiva las condiciones económicas esenciales pactadas previamente para las energías renovables, incluyendo las termosolares. Estas reformas redujeron o eliminaron los incentivos que, bajo el régimen inicial de 2007, garantizaban una rentabilidad específica a los inversores que desarrollaron proyectos, como las tres plantas de Eiser. El tribunal ha determinado que esta acción vulneró la protección internacional a la inversión, incluyendo el principio de trato justo y las expectativas legítimas de estabilidad de los inversores.
La condena en el caso Eiser se suma a una factura agregada que se aproxima ya a los 2.152 millones de euros (1.755 millones en indemnizaciones más 397 millones por intereses de demora y costas legales), con 27 empresas a la espera de cobro.
La situación genera una profunda injusticia para las 65.000 familias españolas que invirtieron sus ahorros, ya que sufren una doble expropiación: por un lado, han perdido los derechos de rentabilidad que se les prometieron; por otro, se ven forzadas a contribuir, a través de sus impuestos, a pagar las indemnizaciones y los más de 250 millones de euros gastados por el Estado en honorarios de defensa para evitar el pago de las sentencias que ha dictado la justicia internacional.
La negativa reiterada de sucesivos gobiernos a acatar los laudos está teniendo graves consecuencias. España ya acumula 29 laudos en contra que reconocen daños, equiparándose a países como Venezuela y Rusia en el Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales. Este incumplimiento ha llevado a que tribunales de Estados Unidos y Australia ya hayan reconocido la validez de estas sentencias, permitiendo el embargo de activos españoles en el exterior (como cuentas bancarias y sedes de organismos públicos en Reino Unido y Bélgica).
Para revertir la actual crisis de desconfianza e inseguridad jurídica, que ha provocado un desplome del 60% en la inversión extranjera captada en el año en curso, el Estado debe replicar la vía del acuerdo, tal como se hizo en el caso JGC, y negociar un pago con los acreedores, entre los que se incluyen corporaciones internacionales clave como Toyota, E.ON y EDF.
Los tribunales de Bélgica han autorizado el bloqueo de 207,3 millones de euros que iban dirigidos a Enaire, la compañía pública encargada de la gestión del espacio aéreo español.
La resolución del caso Watkins refuerza la posición de los demandantes y allana el camino para la ejecución de otros laudos en Estados Unidos, poniendo en riesgo activos españoles en el extranjero ante posibles embargos.
