La compañía japonesa presentó solicitud de arbitraje en 2015 reclamando 93,5 millones de euros por incumplimiento del Tratado de la Carta de la Energía.
Otro ladrillazo más en el muro de inseguridad jurídica erigido y construído por los sucesivos gobiernos españoles entre 2010 y 2014; pero que aún colea, tanto para inversores internacionales que aunque consiguen arbitrajes favorables por parte del CIADI -Organismo del Banco Mundial- que aún no cobran, como para más de 65.000 familias nacionales que observan con indefenso estupor la diferente aplicación de la Justicia fuera de nuestras fronteras sobre idéntico caso.
Ningún asomo de sonrojo en el Gobierno ni en la callada Oposición por la consideración que la comunidad internacional tiene de la práctica deshonesta que ha sido llevada a cabo con la intención de causar daño o de privar a otro de sus derechos: https://acfe-spain.com/recursos-contra-fraude/que-es-el-fraude
Tampoco verguenza por cuanto, aún habiendo perdido las demandas ante las más altas instancias internacionales, el Gobierno tampoco cumple con su obligación de pago, mientras que en otros casos apremia a sus deudores como en el esperado laudo del Gestor Técnico del Sistema Gasista de España Enagás versus Perú.
Mientras llega el día de San Martín, al millonario daño económico de los gastos de defensa jurídica, se suman los intereses. Y sobre todo el daño reputacional que ensombrece el necesario escenario de seguridad garante para inversiones que esquivan el Reino bananero.
Lo más preocupante de la situación es la actitud testaruda y de mentalidad estrecha, y que lejos de tratarse de un caso aislado, proyecta un retrato de estructura de poder anquilosada, que se percibe dispuesta a repetir similares tropelías sobre patrimonios ajenos.
Así estamos asistiendo a la creación de nuevos impuestos autonómicos a las renovables.
Y viendo las barbas del vecino peladas,
¿ Es aceptable la indefensión legal de los inversores españoles ?
¿ Dónde queda la igualdad de derechos?
Enésima victoria de inversores en Tribunales Internacionales condenando la inseguridad jurídica de la legislación española mientras el presunto lawfare nacional ya dictó inapelablemente que nadie fuera profeta en su tierra.
Test para determinar la posible intromisión de poderes económicos y políticos que propiciaron el cambio en el régimen normativo legal de las renovables desde 2013.
Inseguridad jurídica, daño doloso y continuado... agravio comparativo entre inversores nacionales desposeidos y extranjeros compensados gracias a la justicia internacional: retroactivando los ánimos.
