Test para determinar la posible intromisión de poderes económicos y políticos que propiciaron el cambio en el régimen normativo legal de las renovables desde 2013.
Si bien el Tribunal Constitucional en la sentencia 270/2015 ya consideró que el Real Decreto-Ley 9/2013 no infringe el principio de irretroactividad, es el Tribunal Supremo quien cierra definitivamente las vías de oposición de los inversores españoles con su sentencia del 13-7 de 2016, poniendo fin a la multiplicidad de veredictos que en todos los sentidos venían dictando los Tribunales de inferior rango.
Sin embargo, allende nuestras fronteras, donde el imperio de la ley no es local, los Tribunales Internacionales del Banco Mundial - CIADI- con sus arbitrajes abrumadoramente mayoritarios a favor de los inversores enmiendan la plana a la judicatura nacional, evidenciando con sus argumentos la incongruencia del orden jurídico español respecto de los principios suscritos por el propio país en el Tratado de la Carta de la Energía.
A sensu contrario, llama la atención la coincidencia de criterios entre poderes teóricamente independientes: ejecutivo y judicial; y es por ello que se propone breve cuestionario para que cada lector trate de determinar si en este caso de la Retrovoltaica ha existido/existe Lawfare:
En cuanto a resultados tras la intervención, en los casos de Lawfare resultan tangibles sus efectos : tanto condenas, como reversión de políticas puntuales y/o condicionamientos en la adopción de políticas futuras.
Tribunales y medios de prensa internacionales hacen eco el runrún entre inversores señalando a España como país de inestabilidad jurídica multicondenado por CIADI, el Organismo del Banco Mundial para mediaciones arbitrales.
Inseguridad jurídica, daño doloso y continuado... agravio comparativo entre inversores nacionales desposeidos y extranjeros compensados gracias a la justicia internacional: retroactivando los ánimos.
SueloSolar agradece la confianza recibida y redoblará esfuerzos en la lucha para que España aplique a su ordenamiento jurídico iguales criterios que el Banco Mundial y restituya la seguridad jurídica a l@s pioner@s nacionales entusiastas defraudad@s
