Deterioro de confianza inversora al ir haciéndose públicos nuevos varapalos de los Tribunales Internacionales por irrazonable, contraria al interés público o desproporcionada la modificación drástica de retribuciones a las renovables.
Los mercados de capitales, muy sensibles a la percepción de riesgo, estarían ya permeabilizando el incesante goteo de noticias incontrovertidas sobre la burla para satisfacer el pago de las indemnizaciones de condena dictadas por incumplir España el Tratado de la Carta de la Energía que tenía suscrito.
El contencioso hunde sus raíces en el año 2005, cuando el gobierno del PSOE decide ponerse a la altura de los países más avanzados en términos de sostenibilidad. Para este fin estableció una serie de incentivos incluyéndolos en el ordenamiento jurídico, de tal forma que atrajeran inversores en renovables. Así fueron captadas más de 65.000 familias españolas y diversos Fondos de Inversión Internacionales.
Con la seguridad jurídica en la que entonces confiaron y al venir avalada por las leyes del Reino, pusieron en marcha tan importante volumen de proyectos que el liderazgo mundial logrado en el camino de la transición energética fue orgullo en boca de gobernantes propios y foráneos.
Sin embargo, tras estallar la burbuja inmobiliaria y desencadenarse la crisis financiera, los sucesivos mangatarios de PSOE y PP entraron en una fase de paulatinos recortes retroactivos para las renovables, aplicando los flujos económicos expropiados al rescate de la banca.
Ante el atropello en sus derechos todos los inversores se movilizaron, si bien con distinta suerte. Los nacionales fueron aplastados por la maquinaria judicial jaleada por el oligopolio; pero los inversores internacionales pudieron reclamar la vulneración del Tratado de la Carta de la Energía ante el CIADI -Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones-, organismo adscrito al Banco Mundial.
Pese a que España viene perdiendo reiteradamente las demandas y resulta condenada al pago de principal + intereses, el gobierno -lejos de mostrar arrepentimiento- alardea no solo de rebajar las expectativas iniciales de los demandantes (de 10.000 millones de € a solo 2.000 Millones), sino de no haber soltado ni un euro; justificando que la morosidad en que se ha instalado es por imperativo de la Unión Europea.
Así, hace coadyuvante a toda la UE alegando que nos regañaría si se pagaran estas indemnizaciones al considerarlas "Ayudas ilegales de Estado", cuando lo cierto es que únicamente 9 de entre los 27 países convertidos en cómplices han abandonado en desbandada o quieren hacerlo, su compromiso con el Tratado de la Carta de la Energía: Francia, España, Países Bajos, Alemania, Polonia, Luxemburgo, Eslovenia y Dinamarca, sumándose a Italia, que lo abandonó en 2016.
Pero el desembolso deviene inconveniente en este preciso momento (¿y cuando no?) en que la institución supranacional está exigiendo explicaciones por el destino de los 40.000 millones € de fondos transferidos a España:
El precedente es muy grave, tanto por la indefensión sobrevenida para inversores nacionales, como por el alejamiento de los internacionales del avispero renovable, donde los negocios no cuentan con un marco estable de seguridad jurídica.
Viendo las barbas del vecino Retrovoltaico pelar, es sensato poner a remojar las propias, porque es evidente certeza que puedan:
Llegados a este punto en que el daño reputacional afecta incluso a las instituciones del propio Estado, el mismo IDAE, que mantenía la dirección jurídica en los arbitrajes ha sido exonerado del fangal y su imagen renovada con colutorio renovable de forma que sea la Abogacía General del Estado quien cargue con este mochuelo:
Artículo 102. Gestión de los medios en materia de arbitrajes internacionales sobre energías renovables para la defensa de los intereses del Reino de España en los arbitrajes internacionales referidos a materias relacionadas con las energías renovables.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Justicia, a través de la Abogacía General del Estado, articularán las medidas jurídicas necesarias para que este órgano asuma la gestión administrativa, contable, presupuestaria y financiera de los gastos y las contrataciones que sean precisos para la defensa de los intereses del Reino de España en los arbitrajes internacionales referidos a materias relacionadas con las energías renovables, la eficiencia energética y la transición ecológica, así como en los procedimientos judiciales o extrajudiciales en el extranjero vinculados a este tipo de materias.
[ Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre ]
Y ahora, para hacer creíbles nuevos llamamientos a la ciudadanía se precisa un sobreesfuerzo (económico, como no) en inversión publicitaria; y más que fe para activar que los traumas causados al imaginario público retrocedan en la mente, tal que Retro activa mente.
Tenemos a bien hacer petición de Fondos a afectad@s y amig@s de la seguridad jurídica solidari@s para hacer frente a necesidades de diversa índole respecto de la Campaña en ciernes y su objeto:
Hemos realizado estimación y consideramos adecuada la aportación puntual de 200 € como donación que os pedimos; y aunque esta es la cantidad idónea por partícipe, serán bien recibidos y aplicados cuántos fondos resulten posibles aportar a la lucha.
Para ingreso indicamos nuestra cuenta bancaria:
SUELO SOLAR SERVICIOS JURÍDICOS E INMOBILIARIOS, S.L.
BSabadell: ES84 0081 4310 0600 0110 5914
Concepto: Plataforma RetroVoltaica
En Fórum Europa la titular de la cartera de Transición Ecológica expone sobre la reforma energética que desea abordar y responde a inquietudes de los productores fotovoltaicos expropiados, a fin de restablecer la seguridad jurídica en entredicho.
Los productores fotovoltaicos se encuentran divididos ante la retribución del 7,49 %. Lo único que les une es su cansancio, ante los ataques de los gobiernos españoles a su inversión en energías renovables.
Repasamos la cronología de los hechos por los que se multiplican las condenas al país en los Tribunales internacionales, los motivos de su morosidad para indemnizar a inversores perjudicados de las renovables y sus secuelas.
