Inseguridad jurídica a la hora de firmar contratos de energía a plazo con las instituciones debida al precedente de retroactividad aplicada por el Estado a más de 60.000 productores fotovoltaicos.
España mantiene al menos 700 millones de euros por deudas impagadas tras laudos por incumplimiento del Tratado de la Carta de la Energía. La mayor parte de los ocho arbitrajes objeto de la morosidad del Reino corresponde a demandas de Fondos de Inversión y empresas energéticas que demandaron al país por confiscación de bienes al cambiar dolosamente la regulación.
El clavo ardiendo al que ahora se agarra el gobierno para incumplir con las resoluciones negativas dictadas por el Organismo donde había concurrido, es la reprobación de la UE, que interpreta estas indemnizaciones dictadas en La Haya como Ayudas de Estado. Esta decisión causa perplejidad, por cuanto la UE suscribió el TCE el 20 de mayo de 2015. También resulta grotesco que en el Acuerdo de desacuerdo para esta interpretación hayan participado los propios morosos interesados.
El retrato de la situación creada por los (ir)responsables ya figura en la Wikipedia, como aviso público a navegantes.
[...] El caso de España
España es el estado que más demandas ha recibido en virtud del Tratado de la Carta de la Energía, acumulando 47 del total de 128 demandas presentadas en los estados firmantes. La primera llegó en 2011 y desde entonces se han disparado las demandas a España debido a los recortes en las ayudas a las energías renovables.
El estado en un primer momento, dio incentivos importantes para impulsar las inversiones en paneles solares y turbinas eólicas, como precios bonificados para la electricidad generada de manera renovable. En medio de una dura crisis financiera y cediendo a la presión de grandes empresas, el gobierno conservador revirtió las garantías de precios para los productores de energía renovable, lo que algunos inversores interpretaron como una expropiación indirecta [...]
Aunque para los inversores foráneos siempre quedará el CIADI -Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones- con sede en Washington, que resuelve con carácter universal los pleitos y que supone la próxima jugada a realizar por los expropiados.
No es el caso de los inversores del país, quienes fueron llamados a contribuir "al desarrollo sostenible de su Comunidad, ya que está evitando la emisión de CO2 a la atmósfera", aceptando una rentabilidad razonable pudiendo llegar en ocasiones al 15%, según aseguraba el pérfido panfleto del IDAE:
Descarga el infame documento completo
Efectivamente, en su campaña para Vender el sol (EL SOL PUEDE SER TUYO) el gubernamental Instituto de Diversificación y Ahorro Energético -IDAE- indicaba que la iniciativa era también apoyada por Greenpeace y su concurso continúa luciendo en la obsoleta Web http://www.solarizate.org que, cual monumento a los caídos, sigue dilapidando recursos económicos en el mantenimiento del dominio y en el alojamiento en servidor del inoperante sitio... aunque, ¡ quién sabe, a lo mejor pica alguien más!
En estos día hemos asistido atónit@s a las confusas explicaciones dadas por el Presidente Pedro Sánchez a la interlocución de Sr. Ramón Tamames sobre la conculcación de derechos a 65.000 familias españolas que invirtieron en renovables y que continúan siendo ejemplo de inseguridad jurídica.
Y es que la decepción contamina el aire y malbarata la necesaria atmósfera de confianza en las instituciones, la UE incluida, que a la interpelación de Europarlamentarios ha respondido osadamente y por escrito que los inversores lo tienen merecido por incautos, por confiar en el Gobierno de su país.
A día de hoy, de las más de 60.000 familias pioneras de las energías renovables:
Ahora más que nunca es necesario dilucidar responsabilidades y resarcir a l@s damnificad@s por lo que resulta exigible
Comisión de Investigación Parlamentaria por fraude institucional a inversores en fotovoltaica
Centenares de afectad@s están expresando sus emociones en campaña de recogida de firmas para constituir Comisión de Investigación que depure responsabilidades por el chanchullo de la retroactividad fotovoltaica.
La Audiencia Nacional se muestra así de tajante con las inversiones fotovoltaicas, y alega que no existen razones para someter al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial.
A día de hoy perdura sin reparación la injusticia cometida hace más de un decenio. Todos los gobiernos, cómplices. 62.000 inversores nacionales perjudicados.
