Aporta estabilidad a las familias fotovoltaicas españolas, que acumulaban 10 años de agresivos recortes retroactivos.
“El sector valora y reconoce la determinación de este Gobierno y, singularmente, de su ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, puesto que, en muchas ocasiones, y por sorprendente que pueda parecer, incluso para hacer justicia hay que ser valientes”
ANPIER valora positivamente el RDL aprobado hoy en Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas para la adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico. Este RDL incorpora en la modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, de tal forma que el valor sobre el que girará la rentabilidad razonable fijada para el primer periodo regulatorio de las instalaciones renovables, que ahora finaliza, no podría ser revisado durante los dos periodos regulatorios que se sucedan a partir del 1 de enero de 2020.
Esto significa que las 60.000 familias fotovoltaicas españolas, que acumulan 10 años de agresivos recortes retroactivos, que han mermado hasta en un 50% las retribuciones acordadas por el Estado en su momento no van a verse expuestas a un recorte adicional del 20%. Este colectivo, que tuvo que refinanciar en masa sus activos, para no perder sus instalaciones ni sus patrimonios personales, no hubiera soportado este nuevo y salvaje ajuste.
El Presidente de ANPIER, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha manifestado que “El sector valora y reconoce la determinación de este Gobierno y, singularmente, de su ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, puesto que, en muchas ocasiones, y por sorprendente que pueda parecer, incluso para hacer justicia hay que ser valiente”.
A los padres y a las madres de la tecnología, que ha permitido alumbrar un futuro energético limpio, transformando en energía los fotones del extraordinario sol autóctono con el que contamos, se les había premiado con la ruina de sus inversiones y con el cruel escarnio de atribuirles injustamente todos los males de la factura de la luz, para intentar así justificar la desproporción de los recortes retroactivos que les han sido impuestos, enmascarados en una “rentabilidad razonable” que, en la práctica, no se verifica, pues ningún productor fotovoltaico percibe, ni de lejos, el supuesto 7,39% que la norma les atribuye, dado que los activos fueron valorados muy por debajo de lo que realmente costaron.
La propia Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) emitió un informe a solicitud del Ministerio de Transición Ecológica, en el que sentenciaba que no se podía considerar como “rentabilidad razonable” para este tipo de activos un retorno que fuera inferior al 7,09%, real. El recorte que se hubiera producido, de no haber salido el RDL de hoy, hubiera dejado al sector con una “rentabilidad razonable” del 4,4%; pero absolutamente ficticia, por la valoración intencionadamente exigua que se hizo de las instalaciones, lo que, en la práctica, hubiera supuesto la quiebra generalizada.
Ningún Grupo Parlamentario, ningún partido con representación en el Congreso, comprendía que se fuera a aplicar un nuevo ajuste, y el consenso era generalizado para evitarlo. La medida se produce in extremis, pero supone un bálsamo para un sector maltratado durante la última década. Realmente, el colectivo de 60.000 productores mantiene un recorte real de entre el 30% y el 50% de las retribuciones originarias, una situación absolutamente injusta; pero sí es verdad que se evita la amenaza de un incomprensible 20% más de ajuste, que, en la práctica, suponía la demolición total de los activos fotovoltaicos, lo que hubiera arrasado con las economías familiares.
Por otra parte, ha recordado Martínez-Aroca “habrá que continuar avanzando hasta alcanzar una restauración equilibrada, puesto que son todavía muchos los desajustes arbitrarios ocasionados por la reforma impuesta en 2013, dado que la supuesta rentabilidad del 7,39% es absolutamente ficticia y los recortes soportados son asimétricos, llegando en muchos casos al 50% de la tarifa regulada inicialmente establecida” y ha añadido que “no se puede hablar de transición ecológica justa si no se restituyen legítimos derechos a las decenas de miles de familias españolas que, con grandes sacrificios, hemos logrado que sea posible un cambio en el modelo de generación energética que evite los efectos más devastadores del ya constatable cambio climático. La energía fotovoltaica es la llave definitiva que permite a nuestra sociedad producir energía limpia y barata sin contaminar el Planeta y sin ocasionar daños a la población, un milagro hecho realidad por nuestro gran colectivo social”.
El objetivo es favorecer la correcta penetración de las energías limpias en el sistema y garantizar una transición que no deja a nadie atrás, fomentando la movilización de inversiones para el cambio de modelo energético.
