Se reniega del Acuerdo tras los sucesivos varapalos de la Justicia Internacional por vulneración de los derechos de inversores internacionales en renovables al Tratado, firmado por el propio Reino en Lisboa el 17 de diciembre de 1994.
Tras usar casi 30 años el Tratado de la Carta de la Energía como aval de seguridad jurídica para atraer inversiones, España ha dado el paso de declarar unilateralmente la ruptura del Acuerdo.
Ciértamente la situación se ha hecho insostenible por la rebeldía del país a cumplir con los dictámenes, en su gran mayoría condenatorios, de la Corte Internacional de Arbitrajes; pleiteando y recurriendo con temeridad para demorar las debidas liquidaciones.
El Parlamento Europeo aprobó el pasado día 24 de abril la retirada de la Unión Europea del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), un paso crucial para formalizar la salida. Portugal fue el último país en ratificar su renuncia al TCE, notificando oficialmente su retirada el 1 de febrero de 2024.
En cuanto a España, la denuncia del tratado se hará efectiva el 17 de abril de 2025, un año después de la recepción de la solicitud. Sin embargo, las protecciones a los inversores contempladas en el TCE seguirán vigentes durante 20 años tras la notificación de la retirada.
Sobre los motivos del abandono, la UE ha aducido que este tratado internacional ha facilitado que las empresas energéticas demanden a los países que adopten medidas que puedan afectar sus beneficios anticipados. Considerado uno de los acuerdos de inversión más controvertidos a nivel mundial, ha sido duramente criticado por numerosos sectores que lo ven como anticuado y perjudicial para el interés público.
En el caso de España curiosamente concurre en su Denuncia el propio currículum acreditando 26 condenas impuestas que suponen un suma y sigue de 1.800 millones de euros, de los cuales no ha sido aún abonado ni un céntimo a las perjudicadas por el cambio de la normativa desdiciéndose de las condiciones ofrecidas una vez ya fueron captadas las inversiones necesarias.
Este abuso de la buena fe, incumpliendo el Estado los pactos de forma flagrante, pudo ser recurrido ante el Tribunal del Banco Mundial; pero solo por inversores internacionales, los cuales en su inmensa mayoría han logrado ver reconocida su razón por los Árbitros del Organismo. No así las más de 65.000 familias de inversores españoles que sufrieron un recorte retroactivo que permanece impune.
Con poco bombo, el BOE ha visto publicado en sus páginas del día 14 de mayo de 2024 la siguiente Disposición:
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
9618 Denuncia por España del Tratado de la Carta de la Energía y del Protocolo de la Carta de la Energía sobre la eficacia energética y los aspectos medioambientales relacionados, hechos en Lisboa el 17 de diciembre de 1994. Mediante Nota Verbal de 16 de abril de 2024, remitida al Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Portuguesa, España ha denunciado el Tratado de la Carta de la Energía, hecho en Lisboa el 17 de diciembre de 1994.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.2 del Protocolo de la Carta de la Energía sobre la eficacia energética y los aspectos medioambientales relacionados, hecho en Lisboa el 17 de diciembre de 1994, la denuncia por España del Tratado de la Carta de la Energía llevará aparejada también la denuncia de este Protocolo, El Tratado y el Protocolo entraron en vigor para España el 16 de abril de 1998 (BOE número 65, de 17 de marzo de 1998, con corrección de errores en el BOE número 140, de 12 de junio de 1998).
La denuncia, tanto del Tratado como del Protocolo, surtirá efectos para España el 17 de abril de 2025, un año después de la fecha de recepción de la nota verbal de España por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Portuguesa, depositario de los mismos.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.2 del Tratado y en el artículo 20.3 del Protocolo.
Madrid, 9 de mayo de 2024.
–La Secretaria General Técnica, Rosa Velázquez Álvarez.
Diversos estamentos internacionales de Justicia, avalados por el Banco Mundial, están instando a España para el cese de su morosidad en el pago de las compensaciones arbitradas por el CIADI.
Test para determinar la posible intromisión de poderes económicos y políticos que propiciaron el cambio en el régimen normativo legal de las renovables desde 2013.
La compañia RWE, ganadora del laudo por el recorte expropiatorio de las renovables , exigirá la traba de bienes del Reino en USA para cobrar sus 28 Millones de Euros.
