España paga por primera vez una indemnización por los recortes a las renovables: 32 millones al fondo Blasket, heredero de JGC Holdings, por los cambios legales retroactivos entre 2010 y 2014. Un giro histórico con sabor a agravio.
El Estado español ha dado un paso inédito: pagar por primera vez una indemnización derivada de un arbitraje internacional por el recorte a las energías renovables. En concreto, ha abonado 32 millones de euros al fondo estadounidense Blasket Renewable Investments, heredero de los derechos de la japonesa JGC Holdings, por el perjuicio económico sufrido tras los cambios retroactivos aplicados al marco legal entre 2010 y 2014.
Este pago, dictado por el Ciadi —el tribunal del Banco Mundial para disputas entre estados e inversores—, representa un punto de inflexión. Durante más de una década, España ha acumulado decenas de laudos en su contra, pero hasta ahora no había cumplido ninguno. El cumplimiento del primero sienta un precedente, especialmente porque puede abrir la puerta a nuevas ejecuciones judiciales en el extranjero ante el riesgo de embargos a bienes públicos.
Pero mientras este gesto busca cerrar litigios con inversores extranjeros, reabre una profunda herida interna: más de 62.000 familias españolas que respondieron a la llamada del propio Estado para invertir en energías limpias siguen sin recibir compensación alguna. Esas personas apostaron, entre 2007 y 2010, por instalar placas solares o crear pequeñas plantas, animadas por un sistema de primas garantizadas que se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Era, entonces, una apuesta de país.
Sin embargo, en 2010 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con Miguel Sebastián al frente del Ministerio de Energía, modificó de forma retroactiva esas condiciones, dejando a miles de pequeños inversores atrapados en proyectos que ya no eran rentables. Muchos se habían endeudado para construir sus instalaciones pensando que el marco legal se mantendría estable. El siguiente Ejecutivo, encabezado por Mariano Rajoy, no solo no revirtió la situación, sino que profundizó en los recortes. La situación se agravó y la sensación de abandono se consolidó.
La justicia española terminó avalando esta retroactividad, adoptando un cambio de doctrina insólito que, en lugar de declarar ilegal lo ocurrido, lo justificó bajo el argumento de una "retroactividad impropia". Este giro judicial dejó sin recursos efectivos a miles de ciudadanos. Mientras tanto, inversores internacionales acudieron a tribunales de arbitraje y lograron obtener laudos favorables.
Es decir, por los mismos hechos —la retirada de primas pactadas—, la justicia internacional sí reconoce un incumplimiento del Estado y exige compensaciones, mientras que la española valida el cambio de reglas y desampara a sus propios ciudadanos. Esta incoherencia jurídica alimenta el agravio comparativo:
El resultado es un país que paga indemnizaciones millonarias con dinero público-incluído el recortado a los damnificados de casa- a fondos internacionales, mientras quienes invirtieron localmente y por convicción siguen enfrentándose a pérdidas económicas personales. Much@s eran jubilad@s o familias que buscaban un ingreso complementario con una inversión que, según lo publicado por el propio Estado, se ofrecía como segura.
Además del perjuicio económico, el escándalo dejó secuelas profundas: jóvenes que decidieron no formarse en el sector renovable por la falta de futuro, empresas que dejaron de invertir en España y proyectos paralizados ante la percepción de una inseguridad jurídica crónica. Incluso medidas como el llamado “Impuesto al Sol” —que penalizaba la energía autoconsumida— reforzaron la idea de que se estaba legislando al dictado de intereses ajenos al bien común.
Hoy, más de una década después, las consecuencias siguen vivas. El Parlamento Europeo, lejos de ofrecer apoyo, se ha desentendido del caso, reprochando a los afectados su ingenuidad por confiar en los compromisos del Estado español. La confianza en las instituciones, tanto dentro como fuera del país, ha quedado profundamente dañada.
Este episodio debería ser una llamada de atención: no solo por el coste económico que conllevan los litigios internacionales, sino por lo que revela sobre la forma en que se gestiona la política energética, la seguridad jurídica y la protección de los ciudadanos. Si no se depuran responsabilidades ni se ofrece una reparación justa, seguirá creciendo la desconfianza y se mantendrá esa pesada losa que frena el desarrollo de un país que aspira a liderar la transición ecológica.
Porque al final, la pregunta sigue siendo incómodamente vigente: ¿cómo es posible que la justicia internacional proteja mejor a grandes fondos que la española a sus propios ciudadanos?
El Estado español ha sido condenado nuevamente por el Ciadi, organismo adscrito al Banco Mundial, a pagar millonarias compensaciones a dos grandes empresas japonesas como consecuencia del ajuste normativo que afectó al régimen de energías renovables
