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20-11-24- Legitimidad del CIADI puesta reiteradamente en cuestión a la hora de pagar laudo de 33 millones € a la vez que indiscutible presteza para cobrar 500 millones € de condena a Colombia para la participada Estatal española Telefónica.
31-10-24- Los recientes impagos en energías renovables ponen en riesgo la inversión extranjera en España. Explora cómo el enfriamiento de relaciones comerciales con Estados Unidos puede disuadir a otros inversores y amenazar sectores clave de nuestra economía
17-10-24- Estos dos laudos se suman a la tendencia ya iniciada por el tribunal constituido bajo las reglas de la Cámara de Comercio de Estocolmo SCC en el caso GreenPower contra el Reino España.
9-10-24- A los dos años de estar las plantas fotovoltaicas instaladas se inició un carrusel de recortes retroactivos cuyo resultado ha sido una merma sin precedentes de los ingresos que el Estado había garantizado a estas instalaciones.
1-10-24- Jornadas analizando la situación de los pequeños desarrollos fotovoltaicos actuales y en proyecto, la situación del RECORE, acceso y conexión, definición de proyectos, comunidades energéticas, mercados, comercialización autoconsumos, agrovoltaica...
25-9-24- La Guía promocionada «5 pasos para convertirse en autoconsumidor» reproduce idéntico esquema de su otra célebre por ruinosa «El Sol puede ser tuyo», de 2005; asegurando expectativas de beneficios sin riesgo para incentivar la inversión de familias
11-9-24- El autobús de la Transición Energética deja apeados a unos estupefactos paisanos españoles, mientras que permite a los extranjeros solucionar el viaje de forma satisfactoria.
4-9-24- Mientras la justicia internacional da la razón a los inversores extranjeros, se acrecienta el sentimiento de agravio comparativo que se prolonga por más de 3 lustros sin solución de continuidad.
21-8-24- El Tribunal de Apelaciones de Columbia, EE.UU. reconoce el derecho de España a litigar en Países Bajos y Luxemburgo, anulando las medidas cautelares solicitadas.
7-8-24- El arbitraje de NextEra, que asciende a 300 millones €, ha llevado a los tribunales británicos a emitir esta decisión. Los fondos que litigan contra España han solicitado una solución negociada al Gobierno español para resolver esta controversia.