La generación francesa de Hidrógeno a partir de energía atómica, considerada verde por el UE, relegará el aprovisionamiento de energías limpias desde España a una utilización meramente puntual.
El impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica del 7%, que se aprobó el Día de los Inocentes del 2012 minorando los ingresos de los productores fotovoltaicos, ahora está suponiendo cargos que representan hasta el 10%.
Diversas entidades presentan críticas y propuestas para la mejora del Real Decreto Ley que regulará esta figura asociativa de prosumo, mientras otros lobbys del oligopolio otorgan con su callada.
El máximo de potencia instantánea peninsular ha sido de 30.308 MW y el de demanda diaria de 622 GWh. ambos sucedidos el 27 de abril. Estos máximos han variado respecto a los abril 2022 en -13,9 % y en un - 13,7 % respectivamente.
L@s afectad@s dan por seguro que España acabará haciendo el pago a los Fondos internacionales, desencadenando con ello una ola de indignación por agravio hacia las 65.000 familias nacionales y votantes discriminad@s.
Una proyección de la comercializadora Unieléctrica destaca el potencial de Andalucía y Castilla y León, sobre todo en fotovoltaica, la más «rentable» en empleo.
Decenas de organizaciones climáticas y sociales se unen para interrumpir un acto al que asistían la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y los directivos de las principales empresas energéticas y acusarles de que «así no hay quien viva».
Tiene como finalidad la constitución o refuerzo de cooperativas de consumo y/o de asociaciones locales que quieran convertirse en cooperativas de consumo y orienten a la producción, distribución y uso de energías renovables y eficiencia energética.
Sin prisa; pero con pausa, tras interminables tramitaciones, sugerencias e informes, el Departamento de Desarrollo económico, sostenibilidad y medio ambiente aprueba inicialmente el PTSER.
Deterioro de confianza inversora al ir haciéndose públicos nuevos varapalos de los Tribunales Internacionales por irrazonable, contraria al interés público o desproporcionada la modificación drástica de retribuciones a las renovables.
