Es urgente impulsar una Política Energética Común que englobe todas las medidas que se han ido impulsando estos años y que garantice el derecho universal a la energía.
Los próximos cinco años son fundamentales para que la Agenda Verde no solo continúe siendo una política trasversal en todos los Estados miembros, sino para que aumente la ambición ante la década clave para la acción climática mundial.
Aunque los resultados de ayer podrían dificultar un nuevo impulso de las políticas de descarbonización y del desarrollo de la transición ecológica justa que ya habíamos iniciado, el mantenimiento de la mayoría con partidos europeístas debería ser suficiente para frenar los programas negacionistas y retardistas, así como para blindar la Agenda Verde.
La Fundación Renovables urge a los partidos a alcanzar acuerdos que garanticen estabilidad y avances en las políticas energéticas, industriales y ambientales del viejo continente. Es necesario, además, que en esta legislatura se afronten debates cruciales para Europa, como la creación de una Política Energética Común que permita elevar la soberanía de los países en esta materia y avanzar hacia la erradicación de los combustibles fósiles.
Según el IPCC, existen soluciones para reducir, al menos, a la mitad las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero de aquí a 2030, por lo que no nos podemos permitir que la ventana de oportunidad se cierre. El liderazgo europeo en la transición ecológica desde el Acuerdo de París en 2015 y cristalizado en numerosas directivas y reglamentos, continúa suponiendo una ventaja para mejorar el bienestar de la sociedad y la independencia energética de los Estados miembros.
El auge de los partidos de ultraderecha, con discursos que niegan el cambio climático, a pesar del consenso de la comunidad científica, conlleva un serio riesgo para el avance ambicioso en la aplicación de los diferentes paquetes legislativos, como es el caso del “Fit for 55”. Ahora es más importante que nunca que los gobiernos de los Estados miembros actúen con rapidez para trasponer las diferentes directivas aprobadas, entre otras la nueva de Energías Renovables y la de Eficiencia Energética.
Desde la Fundación Renovables hemos vuelto a demandar la aprobación de una Política Energética Común que aúne y englobe las medidas que se han ido avanzando coordinadamente, con base en la electrificación de la demanda y en el derecho a la energía. Además, la creación de valor social y la disminución de desigualdades se potenciará si se tiene en cuenta que los beneficios de la transición deben ser para toda la ciudadanía y no solo para unos pocos.
En los últimos años, Europa ha conseguido avanzar en la descarbonización del sector energético. Desde 2019 la capacidad eólica y solar ha crecido un 65%, según los datos de IRENA, y el autoconsumo ha crecido exponencialmente, alcanzando aproximadamente a 42 millones de personas. En movilidad, el vehículo eléctrico ya ha conseguido un 14,6% de la cuota de mercado, según The European Automobile Manufacturers' Association – ACEA y el Parlamento Europeo votó su primera ley de renaturalización y aprobó un reglamento para restringir la deforestación importada.
Sin embargo, aún quedan por consolidar numerosas políticas cruciales para erradicar la pobreza energética, que ha aumentado en los últimos años debido a la dependencia de los combustibles fósiles y su volatilidad. Esta legislatura también será clave para revertir el escaso avance de la electrificación, además de para implementar la necesaria fiscalidad verde y garantizar el derecho de acceso al aire limpio, al agua y a la energía.
Las elecciones pueden haber cambiado el Parlamento, pero no la urgencia por salvar el planeta.
Inquietudes sobre la dirección y ritmo de avance en el modelo energético que programáticamente y cara a cara l@s candidat@s tienen que aclarar.
La irrupción de eléctricas, caza-subvenciones y entidades públicas politizadas paralizan la expansión de un modelo de empoderamiento energético que se percibe subvertido.
La Comisión Europea responde por escrito a la pregunta parlamentaria que «el beneficiario de una ayuda estatal no puede, en principio, tener confianza legítima en la legalidad de la ayuda que no ha sido notificada a la Comisión».
Asociaciones ecologistas avisan de la acaparación de miles de millones de euros para alimentar estas energías en vez de impulsar una transición energética basada en renovables.
