El informe «Políticas para la Transición Ecológica. La Visión Profesional» de la serie Barómetro Conama recopila la visión de profesionales sobre las prioridades y necesidades para la Transición Ecológica.
En total, 15 CCAA cuentan con planes climáticos que no evitarían un calentamiento mayor al 1,5ºC y 10 de ellas tienen un objetivo menos ambicioso que el del Gobierno central.
Esta ley tiene por objeto establecer medidas para restaurar al menos el 20 % de las zonas terrestres y marinas de la UE de aquí a 2030, y todos los ecosistemas que necesiten restauración de aquí a 2050.
El TEDH estima por mayoría de votos que se ha producido una violación del artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar) y, por unanimidad, que había habido una violación del artículo 6.1 (acceso a los tribunales).
Publicado el 20 de febrero de 2024 en el Diario Oficial de la Unión Europea, trata sobre el uso, contención, recuperación, reciclado, regeneración y destrucción de los gases fluorados de efecto invernadero, así como medidas de control y supervisión.
Las iniciativas seleccionadas contarán con ayudas de entre 150.000 euros y 10 millones por proyecto. El 52% de los proyectos seleccionados están liderados por PYME, que suponen el 37% de las ayudas otorgadas.
El 22,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en España proceden de la industria siderúrgica. La mayor parte de ellas provienen de un foco muy concreto: la acería de Gijón.
La Ley para la Transición Energética y el Cambio Climático acordada por PNV, PSE y EH Bildu en el Parlamento Vasco no está encaminada a cambiar el modelo actual.
El redactado consagra la destrucción razonable de medioambiente y territorio como daño colateral aceptable cuyo derecho se adquiere mediante cuota fija impuesta por el bloque «progresista» -PNV, EH Bildu, PSOE- para peaje de tránsito al «progreso».
