La Ley para la Transición Energética y el Cambio Climático acordada por PNV, PSE y EH Bildu en el Parlamento Vasco no está encaminada a cambiar el modelo actual.
ELA considera que el punto de partida es muy preocupante. Las emisiones directas de gases de efecto invernadero de la CAPV han aumentado un 3% desde 1990. Las energías fósiles representan más del 84% del consumo. El uso de gas natural es el que más ha crecido en el periodo 2000-2022, con un aumento del 73,9%.
Estamos muy lejos de cumplir con los compromisos europeos de cara al Acuerdo de París (la UE establecen una reducción del 55% de las emisiones para 2030) y de poder cumplir con lo que marca la Directiva Europea de la Energía (que fija como objetivo que en 2030 el consumo de energías renovables sea del 45%).
De hecho, la propia Ley reconoce que no se van a cumplir estos objetivos, ya que marca para 2030 una reducción de emisiones del 33% con respecto a 1990 y un consumo de energías renovables del 32%. Sin embargo, para ELA la cuestión es aún más grave, ya que la Ley carece de medidas concretas que permitan pensar que ni siquiera se vayan a cumplir los objetivos señalados en la misma.
En cuanto a la transición energética, la ley perpetúa el modelo energético actual, basado en la energía fósil en manos de grandes empresas. El impulso a la generación de renovables y el aumento de la financiación será positivo si el modelo de energía renovable que se promueve es justo, pero la Ley no da prioridad a la generación descentralizada ni a la ubicación de las instalaciones cercana a los lugares donde se consume. La transición energética exige reducir el consumo energético, ya que las renovables no podrán sustituir el consumo actual, pero la Ley no prioriza esa reducción, sino que tiene como objetivo garantizar la oferta energética, sea cual sea la fuente de energía.
La Ley impulsará “los nuevos vectores de energía”, dando prioridad al hidrógeno en diferentes apartados, como transición energética, transporte e industria. En cuanto a los combustibles alternativos, se mencionan pero no se precisa cuáles son, lo que puede fomentar combustibles no renovables, como los derivados de los residuos. También se mencionan las “energías de transición” (es decir, seguir con las energías fósiles), sobre todo para el transporte. El gas natural lleva décadas utilizándose, supuestamente para facilitar la transición y en realidad la está retrasando. Como la ciencia ya ha confirmado, no todos los combustibles alternativos que se mencionan serán renovables y eficientes, por lo que ELA exige que estas falsas soluciones sean definitivamente rechazadas.
En cuanto a la energía fósil, la Ley dice que la desinversión pública en instalaciones fósiles se hará para 2030 (y se da un año para diseñar este proceso). Pero muchos proyectos actuales con inversión pública son de iniciativa privada, por lo que la desinversión pública no tiene por qué suponer que esos proyectos se supriman.
El único avance de la Ley se da en relación con las comunidades energéticas, pero es insuficiente para transformar el modelo energético. Las ayudas a la creación de comunidades energéticas y su priorización en el uso de espacios públicos para generar energía renovable serán positivas, así como la participación ciudadana en las nuevas instalaciones renovables. Pero la falta de obligatoriedad de la participación pública y comunitaria es una laguna destacable.
Los distintos apartados sectoriales de la Ley no suponen cambios en las políticas que se han aplicado en los últimos años, por lo que se puede concluir que no se adoptan medidas para atajar el cambio climático.
En cuanto a la movilidad sostenible, la Ley reconoce que el transporte es la principal fuente de emisiones, pero no adopta medidas para reducir la movilidad, ni incentiva el transporte público. En cambio, promueve los combustibles alternativos para perpetuar el modelo actual de producción y consumo. No hay medidas para relocalizar la economía, reducir la movilidad y avanzar hacia una economía local. Se habla de mejorar y ampliar la red ferroviaria, y ELA defiende la necesidad de un tren social y la mejora de la red actual, pero en ningún caso el TAV. La Ley no distingue entre estos dos modelos, por lo que en realidad da por bueno que se siga con el TAV.
En economía circular, la Ley no supondrá ninguna novedad. Impulsa la valorización de residuos, de manera genérica, por lo que da cobertura y apoyo a las incineradoras, que tienen un gran impacto en la calidad del aire, en la salud y en las emisiones de gases de efecto invernadero.
En cuanto a la industria, la Ley reconoce que es uno de los sectores con más emisiones pero no menciona obligaciones ni herramientas para reducirlas. Es positivo que se exija a las instalaciones industriales el cálculo de la huella de carbono, pero deben exigirse planes de reducción, una estricta reglamentación y su ejecución. La ausencia de medidas es reflejo de la falta de ambición de esta Ley.
En agricultura, la Ley quiere impulsar la capacidad de almacenamiento de carbono del sector, lo que ELA comparte. La ley hace referencia a la agricultura ecológica, en sintonía con los objetivos de la estrategia de la UE “Del campo a la Mesa”: para 2030, el 25% de las tierras cultivadas deben dedicarse a la agricultura ecológica. Para que sea una apuesta real, deben adoptarse medidas para impulsarla, como por ejemplo reorientar los presupuestos del Gobierno Vasco, como las ayudas a la agricultura industrial contaminante, hacia la agricultura agroecológica. Por otra parte, es necesario regular con rigor las infraestructuras que pueden construirse en los espacios naturales, ya que son recursos limitados. Los suelos de alto valor agrícola deben limitarse a actividades sostenibles del sector primario.
Para la transición real de la industria será imprescindible la relocalización en nuestro territorio. La globalización e internacionalización han provocado una excesiva movilidad de mercancías, con efectos ambientales negativos. Para hacer frente a estos efectos, así como a la creciente escasez de energía y materiales, solo cabe la economía cercana, que crea sociedades más resilientes (como demostró la pandemia). La ley debería promover los procesos de relocalización, y proteger a las personas que trabajan en este sector, pero no lo hace. Es de sobra conocido que ciertos sectores, por su excesivo consumo de energía y materiales, por su dependencia o por sus elevadas emisiones, deberán transformarse. Por ello hay que impulsar sectores sostenibles como las energías renovables, la rehabilitación de edificios, el transporte público, la soberanía alimentaria o la gestión sostenible de los residuos. La industria debe tener una transición ecológica justa, que no excluya a nadie.
En definitiva, esta Ley de Transición Energética y Cambio Climático no plantea medidas para cambiar el sistema económico que ha generado el cambio climático y que ha provocado esta situación de emergencia.
La Ley es perfectamente coherente con la política de los últimos años de las instituciones vascas, y contribuirá a agravar la crisis ecológica. En opinión de ELA, es puro ecopostureo.
Esta ley no supone ningún cambio respecto a las políticas de PNV y PSE. EH Bildu ha introducido algunas mejoras al proyecto de ley, pero son muy limitadas, y sólo en unos pocos apartados. Por lo tanto, se puede decir que EH Bildu da por bueno el marco del PNV y del PSE, rechazando plantear medidas contra el cambio climático y aprobando una ley que no favorece la transición energética.
El redactado consagra la destrucción razonable de medioambiente y territorio como daño colateral aceptable cuyo derecho se adquiere mediante cuota fija impuesta por el bloque «progresista» -PNV, EH Bildu, PSOE- para peaje de tránsito al «progreso».
Propuesta de moción municipal por parte de EH Bildu a la que se adhieren PNV y PSE para exigir a la empresa que no retrase los proyectos que tratan de avanzar en la necesaria transición socio-ecológica.
El Gobierno Vasco se apresura a presentar su informe de seguimiento 2021-2022, que según la institución avanza con resultados muy positivos, mientras retrasa la respuesta a las multitudinarias alegaciones al PTS de Renovables.
