Antes de las sesiones ministeriales del G20 sobre medio ambiente, clima y energía que se celebran en Nápoles los días 22 y 23 de julio 2021, esta carta ha sido remitida a todos los Jefes de Estado del G20.

Se persigue que las políticas de clima, energía, uso del suelo, transporte e impuestos de la UE sean adecuadas para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030, en comparación con los niveles de 1990.

Necesitamos priorizar el autoconsumo y la generación distribuida y que las Comunidades Autónomas definan una zonificación socioeconómica y ambiental de aplicación obligatoria y vinculante.

Vigente Orden PCM/735/2021, de 9 de julio, que tiene por objetivo marcar las directrices para la identificación y conservación de los elementos del territorio que componen la infraestructura verde del
territorio español, terrestre y marítimo.

Propone que los ingresos derivados de esta ley se destinen a reducir el coste de la energía que afronta el consumidor eléctrico y realiza propuestas para eliminar los posibles impactos sobre el precio del mercado mayorista.

Pretende reducir la carga de enfermedades e identificar nuevas amenazas para la salud derivadas de factores ambientales.

Esta acción de desobediencia civil se enmarca en la ola de rebelión climática iniciada el 5 de junio, que continuará durante el mes de julio en diferentes puntos del Estado.

Proponer una moratoria para repensar el modelo y abrir un debate sobre la planificación, normativas para gestión del territorio, participación ciudadana, nacionalización… supondría una paralización sine die en la penetración de las renovables.

Según un estudio de Greenpeace y el CREA, la contaminación por petróleo, carbón y gas causan 4,5 millones de muertes al año (40.000 son de niños menores de cinco años) y supone una pérdida de 8.000 millones de dólares al día.

Un tribunal de La Haya ha dictaminado que Shell es culpable y tiene que reducir sus emisiones de CO2 en un 45% en un plazo de 10 años.