El informe «Políticas para la Transición Ecológica. La Visión Profesional» de la serie Barómetro Conama recopila la visión de profesionales sobre las prioridades y necesidades para la Transición Ecológica.
El sector ambiental destaca que, además del cambio climático, la conservación y restauración de la naturaleza debe recibir una atención prioritaria. Se subraya la necesidad de implantar políticas coherentes y efectivas con la adecuada financiación para abordar simultáneamente los objetivos climáticos, de biodiversidad y de adaptación, garantizando derechos sociales y oportunidades económicas y de creación de empleo. Además, resalta la importancia de la adaptación al cambio climático para evitar costes crecientes y difícilmente asumibles para la sociedad.
Estos son algunos de los resultados del informe Políticas para la Transición Ecológica. La Visión Profesional, que presentó Fundación Conama el 24 de junio en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en Madrid. Participó en la presentación el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, junto a otros representantes de la Administración y personas expertas que han colaborado en la elaboración del documento.
El informe Políticas para la transición ecológica. La visión profesional aporta una opinión cualitativa cualificada para avanzar en la implementación de las políticas parala transición ecológica y en cuatro de sus áreas clave: transición energética, residuos, movilidad y biodiversidad. Para su elaboración se ha aplicado una metodología innovadora que combina un sondeo con más de 500 respuestas y una campaña de reuniones y entrevistas en la que han participado unas 200 personas expertas en diferentes áreas.
De acuerdo con el informe, la Agenda Verde es una oportunidad para el desarrollo del país, para la reindustrialización con actividades limpias, para la generación de empleo y para la competitividad. Para ello se requiere de certidumbre, colaboración y corresponsabilidad, buenos sistemas de información y mecanismos de evaluación y vigilancia, que aseguren el cumplimiento de las normativas ambientales simplificando los procesos administrativos.
Con las competencias ambientales transferidas a las Comunidades Autónomas se reclaman instrumentos eficaces de coordinación y mecanismos de evaluación comparativa y de seguimiento. Esto optimizará los proyectos y las inversiones y permitirá medir el desempeño ambiental de manera transparente y accesible.
“Este informe es oportuno y relevante. Oportuno porque estamos en un ciclo en el que vamos a tener que desarrollar una gran cantidad de regulación de medidas de políticas y estrategias, y para ello es absolutamente necesario contar con las personas profesionales”, y a su vez es relevante porque “la opinión de las personas que van a desarrollar esas propuestas y esos proyectos es absolutamente necesaria y sin embargo, pocas veces vemos un sondeo o una consulta hecha al mundo profesional”, ha explicado la directora de Fundación Conama, Alicia Torrego.
Tras un coloquio sobre las conclusiones y propuestas en los cuatro sectores que aborda el informe, energía, residuos, movilidad y agua, cerró el evento Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico explicando que “la transformación que estamos emprendiendo colectivamente como sociedad en la lucha contra crisis climática y la crisis de biodiversidad implica una agenda que ha de ser transversal”. En ese sentido agradece el informe y coincide a la hora de señalar el pacto verde “como una gran oportunidad para la reindustrialización, la generación de empleo y la cohesión territorial”.
En total, 15 CCAA cuentan con planes climáticos que no evitarían un calentamiento mayor al 1,5ºC y 10 de ellas tienen un objetivo menos ambicioso que el del Gobierno central.
Esta ley tiene por objeto establecer medidas para restaurar al menos el 20 % de las zonas terrestres y marinas de la UE de aquí a 2030, y todos los ecosistemas que necesiten restauración de aquí a 2050.
El TEDH estima por mayoría de votos que se ha producido una violación del artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar) y, por unanimidad, que había habido una violación del artículo 6.1 (acceso a los tribunales).
