En total, 15 CCAA cuentan con planes climáticos que no evitarían un calentamiento mayor al 1,5ºC y 10 de ellas tienen un objetivo menos ambicioso que el del Gobierno central.
A 10 días de que venza el plazo que tiene el Gobierno para presentar ante Bruselas el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), Greenpeace revela que la falta de ambición climática de las comunidades autónomas sitúa a España a la cola de la reducción de emisiones en la Unión Europea. Según el análisis que ha presentado hoy la organización medioambiental, de las 17 comunidades autónomas, 15 cuentan con planes climáticos que no evitarían un calentamiento superior al 1,5 grados y 10 de ellas tienen un objetivo menos ambicioso que el propuesto por el Gobierno central.
Tan solo dos comunidades autónomas, Asturias y Navarra, tienen un objetivo de reducción de emisiones en línea con el Acuerdo de París. En el lado opuesto, Castilla y León, que ni siquiera ha fijado un objetivo de reducción de emisiones, y La Rioja y Extremadura, que planean que sus emisiones en 2030 sean todavía mayores que las de 1990.
“España está lejos de ser líder de la acción climática en Europa, pues los objetivos actuales de reducción de emisiones de efecto invernadero nos llevan a un calentamiento global mayor del 1,5º. Es responsabilidad de todas las Administraciones aumentar la ambición climática: desde las comunidades autónomas a los ministerios de Transporte, Vivienda y Agricultura y Pesca, no solo el Ministerio de Transición Ecológica”, ha señalado Pedro Zorrilla Miras, responsable de la campaña contra el Cambio Climático de Greenpeace: “Estamos en una verdadera emergencia climática, y se siguen presentando planes como si esto fuera un problema secundario. Todas las Administraciones públicas tienen que ser conscientes de la urgencia y los beneficios de la transición ecológica para el conjunto de la sociedad y el planeta y hacer lo que les corresponde para que el plan que presente España esté a la altura”.
El análisis de Greenpeace muestra las principales deficiencias de la planificación de la acción climática en España, indica los objetivos que deben fijarse y aporta seis propuestas concretas para reducir las emisiones en el corto plazo.
El informe, que explica la importancia de no sobrepasar el límite físico de calentamiento de 1,5ºC, compara el objetivo de reducción de emisiones en 2030 con respecto a 1990 tanto entre los países de la Unión Europea como entre comunidades autónomas. El informe demuestra que España no lidera estos objetivos climáticos; al contrario, se encuentra entre los países con menor ambición.
La comparación entre comunidades autónomas de los objetivos de reducción de emisiones para 2030 con respecto a las de 1990 muestra que tienen muchos deberes por delante y deben ser más ambiciosas en sus objetivos y planes. De las 17 comunidades autónomas, 15 de ellas no alcanzan la ambición climática necesaria (reducción de emisiones del -55% con respecto a 1990, para evitar un calentamiento mayor al 1,5ºC). De hecho, la mayoría de ellas (10) tienen un objetivo menos ambicioso que la propuesta actual del Gobierno central (-32%). Especialmente sangrantes son los casos de Castilla y León -la única comunidad que ni siquiera ha fijado un objetivo de reducción de emisiones para 2030 – y de La Rioja y Extremadura, que pretenden que sus emisiones en 2030 todavía sean mayores a las de 1990: +46% en La Rioja y +53% en Extremadura.
Solo Asturias y Navarra cumplen con la meta del Acuerdo de París, ya que se han fijado como objetivo reducir sus emisiones un 55% en 2030 con respecto a 1990. Sin embargo, en el caso de Navarra las organizaciones sociales han denunciado recientemente la falta de implementación.
Además, tres de las cuatro comunidades con mayor proporción de emisiones de gases de efecto invernadero, Andalucía, Cataluña y Madrid, cuentan con objetivos menos ambiciosos que los fijados por el Gobierno central, por lo que tienen una gran responsabilidad con su ciudadanía para mejorar su planificación y acción climática.
Así mismo, los ministerios responsables de Transporte, Edificación y Agricultura y Pesca tampoco están a la altura y deberían proponer nuevas medidas que consigan reducir las emisiones de sus sectores de forma más ambiciosa, rápida y justa. Según las medidas incluidas en la propuesta actual del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), estas actividades económicas apenas llegan a reducir las emisiones existentes en 1990.
En su informe, Greenpeace propone seis medidas nuevas que permitirían aumentar el objetivo de reducción de emisiones.
Además de estas medidas, Greenpeace recalca la necesidad de cambios socioeconómicos de calado que nos permitan avanzar a nuevos modelos de producción y consumo que estén dentro de los límites planetarios y que permitan satisfacer las necesidades de todas las personas de manera justa. Contexto actual
Greenpeace destaca que, desde junio de 2023, cuando se presentó el actual borrador del PNIEC, se han producido tres hechos de importancia trascendental, que alteran sustancialmente la situación de hace un año, y que obligan a introducir modificaciones con respecto a la propuesta inicial: la Organización Meteorológica Mundial ha certificado que en 2023 la temperatura media anual del planeta superó en 1,45 °C a los niveles preindustriales; la Cumbre Mundial del Clima COP29 acordó reclamar a los países una transición más allá de los combustibles fósiles para, de acuerdo a la ciencia, evitar un calentamiento mayor a 1,5ºC; y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hizo historia al condenar por primera vez a un Gobierno europeo -Suiza- por no proteger a su población contra el cambio climático.
Esta sentencia estipula que los objetivos climáticos de los países deben fijarse en función de la cuota de emisiones (presupuesto de carbono) que le corresponde a cada país. En el caso de España, supondría aumentar su objetivo de reducción de emisiones a un -55% en 2030 (respecto a 1990), muy lejos del 32 % propuesto, señala Greenpeace.
“El Gobierno todavía está a tiempo de aumentar la ambición climática en la presentación definitiva del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que tiene que enviar a la Comisión Europea antes del 30 de junio. Las propuestas de Greenpeace son bien concretas, realistas, beneficiarían a toda la sociedad y permitirían presentar un plan más ambicioso que el actual. La acción climática hecha con justicia social proporciona beneficios, es urgente hacer lo máximo desde ya”, ha concluido Zorrilla Miras.
Más de 1200 participantes, entre académicos y activistas de diferentes países, 200 sesiones paralelas, siete conversaciones plenarias y más de 20 actividades divulgativas, artísticas y culturales para a toda la ciudadanía.
Instan al Gobierno de España a cumplir con los objetivos de reducción del consumo de gas establecidos por la Unión Europea y a prohibir la importación de gas procedente de países que violan sistemáticamente los derechos humanos.
La energía solar es, por su carácter de sustitución de los combustibles fósiles, una tecnología imprescindible en la lucha contra la emergencia climática.
