Buenas y malas prácticas en la implementación de proyectos fotovoltaicos y eólicos en suelo.
El Informe, en el que ha colaborado Fundación Renovables, expone sobre la importancia en la reducción de emisiones y, en consecuencia, de nuestro consumo energético, avanzando hacia un sistema energético eficiente, totalmente renovable y justo antes de 2040.
Lamenta el documento que a pesar de los esfuerzos por implementar energías renovables, seguimos dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles, que representan el 78% de la energía utilizada en España en 2022 y que viene causado por el retraso en la adopción de renovables, bajo grado de electrificación y crecimiento continuo de la demanda.
En la exposición se constata que menos del 25% de la demanda final de energía es eléctrica, eclipsando el avance en renovables por los consumos fósiles, especialmente en sectores no electrificados como transporte e industria. Así mismo se destaca la necesidad de reducir la demanda, electrificar consumos y desplegar renovables; considerando que la implementación rápida de energías renovables a menudo refleja enfoques caóticos y opacos que generan tensiones entre la transición sostenible, la biodiversidad y la accesibilidad energética.
Greenpeace destaca la necesidad de un despliegue urgente y respetuoso con la sociedad y la biodiversidad. Se presentan casos de malas prácticas y se aboga por legislar para asegurar buenas prácticas. Se mencionan problemas en parques eólicos y fotovoltaicos en varias regiones, evidenciando abusos y excesos de poder por parte de algunos promotores.
La Asociación identifica malas prácticas que, en su mayoría, provienen de promotores aprovechados de regulaciones laxas. Se destaca la importancia de legislaciones que permitan el despliegue de renovables sin sacrificar garantías ambientales, participación pública y equidad con las comunidades locales. La evaluación ambiental exhaustiva y la participación ciudadana se presentan como cruciales en la mejora de la transición hacia energías renovables.
Por otra parte, se documentan casos positivos en la ejecución de energías renovables, destacando acciones que promotores y autoridades locales pueden promover para mejorar proyectos, más allá de las normativas. Aplicar estas buenas prácticas facilita la aceptación local, fomenta la participación ciudadana, impulsa empleo y respalda políticas locales. Se proponen demandas a Gobiernos y empresas para hacer obligatorias las buenas prácticas y eliminar las malas. La transición, acorde con la revisión de la Directiva de Renovables de la UE, debe priorizar áreas con mínimo impacto ambiental.
Greenpeace insta a legislar para evitar que las corporaciones antepongan sus ganancias al bienestar humano y ambiental en el desarrollo de energías renovables.
Desde el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, Navarra, abogando por una transición energética justa y equilibrada basada en consumo responsable e instalaciones racionales, y no mediante grandes parques solares que ocasionan terribles impactos.
Prórroga aprobada en Consejo de Ministros a petición del MITECO, que estable ampliación de 36 meses para la consecución del hito final, la Autorización Administrativa de Explotación, y de 6 meses para la Autorización Administrativa de Construcción.
El documento, un frontón para rebotar los 4.374 escritos alegantes, permaneció publicado únicamente cuatro días en la web oficial del ejecutivo vasco y ahora tan solo se puede encontrar en repositorios de la ClearNet.
