II Entrevista a D. Antonio Erias Rey, Diputado del Partido Popular y Portavoz de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.

Buenos días Antonio:

Me alegra poder saludarte nuevamente, agradeciéndote una vez más tu presencia en el día de hoy en esta segunda entrevista que te efectuamos en lo que llevamos de año. Como amantes de la energía solar, que nos consideramos los componentes y colaboradores de Suelosolar, para nosotros y para nuestros lectores, es muy importante conocer el gran apoyo que desde tu cargo como Portavoz en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo,... como Diputado del Partido Popular... y por tus amplios conocimientos en la materia, ofreces al sector fotovoltaico español.

Como conocedor del clima de desasosiego que respira el productor solar en relación a la amenaza de la retroactividad de las tarifas fotovoltaicas, comentarte que  en estos ultimos meses hemos ayudado a que nazca y se constituya una nueva Asociación llamada ANPER que va a dar mucho juego en el sector y que con total seguridad va a defender los intereses del sector fotovoltaico. Nos sentimos muy orgullosos de ello.

Pues bien sobre este tema tan preocupante, y sabiendo que aún no conoces que decisión tomará finalmente el Ministerio de Industria,  quería preguntarte:

P- Si el Gobierno español aplicara con carácter retroactivo el recorte de las tarifas, desde tu punto de vista y desde el del Partido Popular, ¿se vulneraría la seguridad jurídica y la confianza del Estado Español? En caso afirmativo ¿Debería aplicarse la retroactividad para que no suba el recibo de la luz?.
R.- Antes de profundizar en cualquier tipo de respuesta sobre el asunto de la “retroactividad”, parece obvio que, sin más consideración al respecto: La revisión retroactiva de las primas tendría más consecuencias negativas (tangibles: pérdidas económicas en un sector muy atomizado; intangibles: pérdida de competitividad) que positivas. Y, sin duda, afectaría a la seguridad jurídica de las inversiones en España.
El Partido Popular ya se ha manifestado, reiteradamente, en contra de cualquier medida que genere incertidumbre en los inversores sobre todo en un sector, como el energético, cuya planificación plantea retos muy complejos en un contexto de incertidumbre y volatilidad. Y, lo que es aún peor: La interpretación contradictoria que de su propia regulación hace el Gobierno, además de redefinir el entramado de primas e incentivos (y su consecuente reducción), está produciendo verdaderos frenazos en el mercado, mermando la estrategia a largo plazo, condición fundamental para el desarrollo de muchas fuentes (renovables) que aún no han alcanzado la imprescindible “paridad de red”.
El caso más conocido, de la sentencia de la Audiencia Nacional, no ha sido el único efecto entorpecedor del marco jurídico relacionado con las energías renovables. Año tras año, la política energética del Gobierno actual va acumulando parches sobre el ya debilitado mercado de las renovables, como es el caso del RD 1578/08 que contempló un recorte de las primas en un 26% para las instalaciones fotovoltaicas en cubierta y del 35% para las de suelo, unido a la necesidad de presentar avales (de hasta 100.000 euros para las instalaciones en cubierta, y 500.000 euros para las instalaciones de suelo).
Este tipo de medidas provocan, sin duda, que los promotores reconsideren la continuidad de la inversión en un negocio que, obviamente, ha perdido rentabilidad. Si a esto unimos la incertidumbre creada ante la posibilidad de, en base al RD 661/2007, aplicar la reducción de las primas con carácter retroactivo, a nadie puede ya sorprender lo poco atractivo que puede llegar a ser el sector fotovoltaico para los inversores. Algo que, necesariamente, incidirá de manera negativa en que España pueda alcanzar los objetivos fijados (para la Solar Fotovoltaica) en el “Plan de Energías Renovables 2005-2010”: 400 MW (en 2010) de capacidad total de generación, así como para la potencia instalada de energía Solar (térmica y fotovoltaica) en 2020: 15.685 MW, frente a los 4.165 de 2009.
En relación a la necesidad de aplicar la “retroactividad” para que no suba la tarifa de la luz, conviene dejar claro, desde el principio, que el precio de la tarifa eléctrica (el cual dependerá de los costes del sistema) ha de fijarse de acuerdo con la estrategia energética que diseñe el Gobierno: En otras palabras, en relación al “mix de generación” que a medio plazo pretenda alcanzarse, considerando que cualquier planteamiento de estrategia energética se desarrolla alrededor de la satisfacción de tres exigencias simultáneas  -seguridad de suministro, sostenibilidad medioambiental y eficiencia económica.
En la configuración de la factura eléctrica entran, además de las primas de Régimen Especial, otros conceptos tales como: Compensaciones insulares, incentivo al uso del carbón autóctono, moratoria nuclear y recargo del déficit. En buena lógica, y sobre la base de una estrategia sistémica (que sea coherente, consistente y persistente) definida a medio plazo (horizonte 2010), el Gobierno debería adaptar el precio de la tarifa a los costes reales del sistema. No parece lógico, desde un punto de vista estrictamente de “política energética”, no acomodar el precio de la tarifa al coste de generación: El no hacerlo, el frenar la subida de la tarifa  -salvo que sea necesario por cuestiones de insostenibilidad económica en el país (como es ahora el caso, a causa de la crisis económica que nos atenaza), sólo sirve para ir aumentando el déficit que crece de manera alarmante, año tras año. El que los consumidores paguemos, una vez se disponga de una estrategia energética consensuada (y no se gobierne a “bandazos” como es ahora el caso), el coste real de la generación el consumo en general (pero, sobre todo, el privado) se tornaría mucho más racional con lo que se generaría ahorro y eficiencia energética.
En consecuencia, no se trata de frenar el déficit (y su consecuente incidencia sobre el precio de la tarifa de la luz) penalizando una determinada tecnología: Como parece ser el caso de la Solar Fotovoltaica, sino de apoyar con políticas serias y con la necesaria certidumbre y seguridad jurídica el desarrollo de aquellas tecnologías (renovables, en este caso) de generación que permitan mejorar la competitividad del sector energético y alcanzar la paridad de red, en el corto plazo: Y eso es algo que, a tenor de las previsiones del sector fotovoltaico, en lo que se refiere al abaratamiento de sus costes, puede alcanzarse en 2015. En otras palabras, solucionar con solvencia la ecuación energética (de tres variables) planteada al inicio de esta respuesta.

P.- ¿Cree que el causante del déficit tarifario es la tecnología solar fotovoltaica?.
R.- Si tenemos en cuenta todo lo apuntado en la respuesta a la pregunta anterior, parece evidente que la contestación a esta pregunta sólo puede ser una: NO; rotundamente, NO. El déficit tarifario es la consecuencia de una política energética que carece de dirección estratégica que nos lleva, un día sí y otro también, a cambiar gratuitamente el criterio; por ejemplo: Por un lado, el Gobierno manifiesta su decidido apoyo a las energías renovables, y por otro lado prepara un RD para poyar el carbón autóctono (al máximo legalmente permitido).
El proceso de electrificación en España se ha traducido en un incremento del 77% en el consumo eléctrico, entre 1995 y 2008, lo que ha provocado la transformación del “mix de generación” con el consiguiente impulso de las energías renovables: Por ejemplo, la solar fotovoltaica contaba con 50 MW en 2005 y hoy dispone de más de 3.500 MW. El hecho de que en la actualidad el 33% de la potencia instalada y el 29% de la energía sea de Régimen Especial exige una política energética seria, que disfrute de una seguridad jurídica adecuada para garantizar un índice de cobertura del mix tal que asegure el suministro. Y, evidentemente, todo ello pasa por limitar la prima unitaria así como el total de nuevas primas, pero no sobre las inversiones ya hechas o planificadas sino sobre las nuevas, y siempre desde la perspectiva de alcanzar un “mix de generación” estratégico en el medio plazo.
En los momentos actuales de depresión económica, el Gobierno está obligado a replantear todas las políticas de ayudas y subvenciones, con cuentagotas; pero no es menos cierto que este nuevo planteamiento, para que sea efectivo, deberá beneficiar el desarrollo competitivo del sector energético español: Y, a lograr este objetivo poco o nada va a contribuir el culpar del déficit a las fotovoltaicas.

P.- Respecto del presunto fraude fotovoltaico, ¿Si de las actas de inspección de los huertos solares que la CNE ha entregado al Ministerio de Industria, parece ser que se ha descubierto un posible Fraude, por qué razón el Gobierno español permite que estas instalaciones irregulares y fraudulentas sigan cobrando la tarifa y hayan quedado sin sanción?. ¿No se contrapone el déficit tarifario al hecho de que estén pagando tarifa a plantas irregulares?
R.- Sin duda alguna, de existir el fraude que denuncian los expedientes de la CNE, resulta imposible entender la postura, manifiestamente laxa, del Ministerio de Industria tolerando, a priori, que aquellas plantas y huertos solares que han cometido (“presuntamente”) irregularidades y anomalías sigan cobrando la tarifa y hayan quedado sin sanción.
Solamente entre noviembre de 2009 y enero de 2010, el sistema eléctrico recibió 4.500 MWh producidos por plantas solares entre la medianoche y las siete de la mañana, más otros 1.500 MWh entre las 19:00 y las 23:00. A tenor de las denuncias conocidas, lo paradójico es que esos 6.000 MWh se han producido (“supuestamente”) en condiciones fraudulentas: Utilizando grupos electrógenos alimentados con gasoil para generar la electricidad que luego vendían, al salir el sol, como “energía renovable”.
Considerando que: a) esos 6.000 MWh generados han reportado 2,6 millones de euros en conceptos de primas (más o menos, 436 euros/MW); b) la energía Solar Fotovoltaica aporta el 2% del total que se genera en España, aunque en 2009 recibió primas por valor de 2.330 millones de euros (sobre un conjunto de ayudas al sector eléctrico de 6.000 millones), resulta imprescindible que el Gobierno tome cartas en el asunto y actúe de oficio para no sólo evitar que siga creciendo el fraude, sino para nocargar a todo un sector con el estigma del fraude; como he comentado anteriormente, se trata de un sector muy atomizado en el que la falta manifiesta de vigilancia, por parte de las administraciones competentes, puede inducir a que se generen situaciones como la que se plantea en la pregunta.

Como siempre muchas gracias Antonio. Te pedimos que cualquier información que recibas en el sector sobre el tema de la amezante retroactividad de las tarifas fotovoltaicas nos lo hagas saber para de tal modo poder informar a nuestros lectores.

Desde este lugar de encuentro y de reflexión, y en la espera de que el Gobierno no continue generando mas perplejidad y desconfianza en los mercados, tanto por acción como por carencia de la misma o confusión, ponemos a disposición de nuestros lectores una ficha de recogida de datos desde la que pueden hacer llegar sus comentarios, felicitaciones o solicitudes de información directamente a D. Antonio Erias Rey. Muchas gracias.