El liderazgo mundial que impulsaron 65.000 familias de pioner@s fotovoltaicos fue cercenado por los sucesivos gobiernos bipartitos, presumiendo ahora de ser el octavo país de interés inversor para las energías limpias.
Embargo ahora sobre inmueble del Instituto Español Vicente Cañada Blanch en Londres y Alerta para inversores en España del Departamento de Estado de EE.UU.
El grupo de académicos Internacional Scholars, que reúne a los principales académicos expertos mundiales en los campos del derecho público internacional, se persona en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos.
El Estado Español obligado por las instancias internacionales a indemnizar a los inversores extranjeros por los recortes a las renovables. Las familias fotovoltaicas reclaman una mesa de trabajo al gobierno entrante para zanjar el descrédito.
La prestigiosa institución que -esta si- vela por las buenas prácticas de mercado y protege a los inversores bajo su jurisdicción, rechaza la petición amistosa de España y la CE para que se injiera rechazando el laudo del CIADI.
Se suman 135 millones de euros a los pleitos favorables a los inversores extranjeros, sin contar los 430.000 en gastos legales y de peritación devengados por el momento en estos dos casos.
Impagos, inseguridad jurídica, riesgo... son términos que se vienen repitiendo desde la publicación del Retroactivo Real Decreto-ley 14 en el año 2010.
La táctica de impagar para olvidar aúpa al Reino por delante de Venezuela y de Rusia en la deshonrosa primera posición de incumplidores por indemnizaciones debidas.
Formaciones incluso de las antípodas ideológicas coinciden en apostar por modelos energéticos que primen el autoconsumo de proximidad y autárquico... o todo lo contrario.
Tras lograr reconocimiento del CIADI por la vulneración del Reino Español del Tratado de la Carta de la Energía, avezados equipos jurídicos valorarían tomar posiciones en activos renovables de afectados discriminados por razón de nacionalidad.
