Se suman 135 millones de euros a los pleitos favorables a los inversores extranjeros, sin contar los 430.000 en gastos legales y de peritación devengados por el momento en estos dos casos.
Buenas noticias para los inversores en fotovoltaica no españoles, que ven como se acerca el San Martín para el país más moroso del mundo.
Ahora EDF ha logrado éxito en su demanda interpuesta en 2016 ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (CPA), en Países Bajos, que les reconoce una indemnización de 29,6 millones de euros.
Para evitar o dilatar su pago, el Gobierno ha adjudicado contrato de 300.000 euros a la firma suiza de juristas MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep.
Por otra parte, Toyota mediante su filial energética -Eurus Energy- se desempeña en defender su laudo favorable de 106 millones de Euros ante el procedimiento de anulación presentado por la Abogacía del Estado español, que apoyará su peritación en BDO con quien ya mantienen contrato por 133.100 euros.
Para hacer frente al desprestigio de la marca y de la confianza en la seguridad jurídica de país que se continúa agravando, el gobierno mantiene su estrategia de presumir de "mal menor".
Como pueril excusa a la falta de pago por las indemnizaciones el gobierno aduce que, de satisfacerlas, la Unión Europea las consideraría ayudas ilegales. Tal como indican los juristas, de ser así, que las indemnizaciones de los países fueran consideradas ilegales no existiría forma de resolver las controversias que enfrentan a países que líbremente han suscrito estos Tratados Internacionales.
Con la bandera de que áun no ha desembolsado nada sobre las cantidades reclamadas, también esgrime España que los más de 70 millones de euros satisfechos por gastos derivados de los procesos judiciales han sido una buena inversión, por haber diezmado las pretensiones iniciales de los demandantes.
Ciértamente es un currículum triunfador, asentado sobre la propia tierra quemada donde 65.000 familias de inversores pioneros españoles han sido totalmente despojados de sus derechos, sin ninguna posibilidad de protección judicial en el ámbito de su país.
Como españoles ahora habremos de sentirnos orgullosos por la forma de conducirse de nuestros gobernantes, que enseñan como ahorrarnos impuestos con la morosidad. Aunque nuestros paisanos estén sufriendo tan cruel expropiación y la reputación de nuestra nación espante a cualquier inversor.
Impagos, inseguridad jurídica, riesgo... son términos que se vienen repitiendo desde la publicación del Retroactivo Real Decreto-ley 14 en el año 2010.
Más de 7.000 millones de Euros para resarcir a Iberdrola, Endesa y ACS por clausurar sus dañinas instalaciones; mientras continúa la expropiación de 65.000 familias pioneras que invirtieron en energía limpia.
Tras lograr reconocimiento del CIADI por la vulneración del Reino Español del Tratado de la Carta de la Energía, avezados equipos jurídicos valorarían tomar posiciones en activos renovables de afectados discriminados por razón de nacionalidad.
