La Justicia Suiza reconoce a EDF indemnización de 29,6 M€ por Retrovoltaica, negada a más de 65.000 familias en España

Se confirma el laudo del CIADI a favor de la compañía energética francesa rechazando el recurso del Reino que alegó incompetencia de Tribunales ajenos a la UE defendiendo que el derecho comunitario está por encima del Derecho Internacional.

  • ★★★★★ 5,00 / 5

El Ire Cour de droit civil - Tribunal Federal Suizo - ha resuelto con carácter firme la controversia planteada por el Equipo de Abogados del Estado de España que pretendía anular el laudo de abril de 2023 que tomó un tribunal arbitral con sede en Ginebra.

El Equipo Jurídico español, haciendo suyo el lema contra el pago de peajes "No vull pagar", en esta ocasión también ha argumentado como base del recurso su propia interpretación del Artículo 26 del Tratado de la Carta de la Energía que tiene suscrita desde 1.994. Para apoyo de su tesis la alegación alude a la sentencia Komstroy.

Sin embargo, el tribunal suizo ha determinado que la interpretación del asunto si es de su incumbencia, rechazando el recurso de España. Respecto del caso Komstroy el sistema judicial helvético sostiene que, dado que el arbitraje tuvo lugar en Suiza, no es posible referirse a un fallo europeo cuyo alcance se limita a las fronteras internas de la Unión Europea.

Este pronunciamiento y la reiteración de condenas no dejan de ser un dejà vu que deja clara la voluntad de aburrir y marear la perdiz del Estado Español, con el perjuicio reputacional de marca de país que ha cosechado una actitud rebelde en la desconsideración de la seguridad jurídica y el incumplimiento de los pactos firmados; aspectos que espantan inversores y aleja inversiones.

Merced a esta incorregible actitud, España se ha ganado un espacio privilegiado en la definición que hace Wikipedia sobre el "Tratado de la Carta de la Energía":

"España es el estado que más demandas ha recibido en virtud del Tratado de la Carta de la Energía, acumulando 47 del total de 128 demandas presentadas en los estados firmantes. La primera llegó en 2011 y desde entonces se han disparado las demandas a España debido a los recortes en las ayudas a las energías renovables." 

Mientras la Justicia se abre paso allende las fronteras no deja de crecer la indignación de los inversores españoles, que asisten estupefactos a la contradicción de que los Tribunales Internacionales den la razón también a otros inversores radicados en la propia UE, aumentando en cada sentencia la sensación de agravio comparativo y de evidente desigualdad ante la Ley.

Petición de Comisión de Investigación Parlamento por fraude institucional a inversores en fotovoltaica