Más de 20 millones de Euros lleva desembolsados España para entorpecer los derechos de cobro por la Retrovoltaica
Sin contar costas, gastos judiciales ni intereses, el Estado suma y sigue contratando abogados internacionales para pleitear en el seno de Tribunales que, cuando se trata de pagar, considera ilegítimos.
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Una buena jugada, de 10.000 millones demandados por los inversores extranjeros nuestro gobierno presume porque dice haber reducido ya sus reclamaciones a 2.000 millones; pero no solo eso, además tampoco les ha soltado un solo euro.
El oráculo habló en el Valle de CuelgaLaudos, en el Pacto de facto de la Retrovoltaica. Las consignas estaban escritas en el refranero:
«Pleitos tengas y los ganes»: Doble castigo a inversores burlados por confiar en la seguridad jurídica de un país solverano y que además osan reclamar.
«Más vale un mal acuerdo que un buen pleito» : Así se entiende el magno ofrecimiento de perdonar la vida a los inversores a cambio de una rentabilidad razonable del 7,39%, siempre que renuncien a iniciar o continuar con los procedimientos abiertos.
Pero los Cruzados, así llamados por haber tenido que vadear el charco los inversores expulsados por la Unión Europea para reclamar justicia, avisan a navegantes por si pudieran estar tentados a invertir en el anciano continente:
«Cuando el río suena, agua lleva»: despejando todo género de dudas sobre la seguridad jurídica que ofrece nuestro país.
¿Pagará papá? Pagará Pachín
Nuestro gobierno, viene presumiendo de no pagar los arbitrajes perdidos y justifica su morosidad diciendo que «pueden ser contrarios al derecho de la UE y constituir una Ayuda de Estado ilegal». Así viene a reconocer que la legislación española pudo establecer ayudas ilegales para atraer inversores.
¿ Pero por qué el Reino continúa licitando nuevos servicios jurídicos millonarios para contender ante el CIADI si no considera legítima la instancia de este organismo del Banco Mundial?... total, si no piensa pagar en caso de continuar perdiendo arbitrajes ¿para qué seguir gastando?
Por otra parte, pagar implica admitir que esas Ayudas de Estado no son ilegales, y en cambio si lo es la legislación retroactiva española; de tal forma los inversores españoles tienen también derecho a ser resarcidos por su expropiación.
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Y estas son las facturas que sí venimos pagando, hasta ahora de 20.445.602,78 € ...
Detalle de gastos de defensa jurídica
ante el CIADI licitados mediante Concurso Público en España
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