ANPIER pide a los candidatos a La Moncloa que tengan presente que 65.000 familias españolas sufren un grave agravio comparativo frente a los grandes fondos

Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, organización que representa a 65.000 familias productoras de energía solar fotovoltaica en España, reclama a los candidatos a ser Presidente del Gobierno que no obvien la situación de recortes retroactivos sin compensación que soporta este colectivo, en un contexto en el que, semana tras semana, se conoce alguna novedad sobre los pleitos que los inversores foráneos interpusieron en las instancias internacionales y que abocan al Estado español a indemnizarles el daño causado por dichos recortes.

Tanto los grandes inversores internacionales, como las decenas de miles de familias españolas están unidos a unas inversiones en renovables que fueron pedidas en el año 2007 por el Estado español, con la finalidad de alcanzar el objetivo europeo de renovables para España, madurar la tecnología fotovoltaica, crear un tejido empresarial en este sector y abaratar los costes energéticos. Todos estos objetivos se alcanzaron con éxito, pero el Estado decidió cercenar los ingresos de estas instalaciones.

La suerte de los inversores nacionales y los internacionales se separa en el momento de reclamar las lógicas compensaciones por los daños causados por los recortes: La justicia española consideró que estos cambios deberían de haber sido previstos por estas familias, a pesar de que en las campañas y en los detallados materiales que difundió la Administración del Estado para captar las inversiones de estas familias jamás se contemplaba un escenario de cambio de condiciones.

Por su parte, los inversores internacionales, previendo escenarios tan inverosímiles como los que, efectivamente, vivieron las familias españolas, no acudieron a los tribunales españoles, sino que -facultados por las normas de competencia de la Carta de la Energía- pidieron justicia en el CIADI, el órgano de resolución de conflictos del Banco Mundial, donde se van conociendo unos laudos que otorgan la razón a los demandantes e imponen al Reino de España la obligación de compensar el daño causado a estos inversores.