Las grandes corporaciones acaparan el negocio verde obteniendo placet sus Declaraciones de Impacto Ambiental para continuar tramitando centenares de proyectos solares y eólicos.
Tras arrastrar prórroga de 9 meses debida a la imposibilidad manifiesta de la estructura de la administración para dar curso a los largos y complicados procesos por la misma alumbrados, a la tercera era la vencida y así el pasado 25 de enero finalizaba el plazo para obtener el visto bueno sobre la Declaración de Impacto Ambiental.
Por su parte, la Administración Central ha habido de gestionar los permisos para instalaciones de potencia inferior a 50 MW, un total de 192 solicitudes para 35.879 MW, resolviendo favorablemente 154 (27.943 MW), con estimación negativa 36 y archivado 12. Se calcula en más de 15.000 millones de euros la inversión afectada.
Respecto del resto de expedientes cuya obligación de resolución correspondía a las CC.AA., prácticamente todas las Administraciones Autonómicas -a falta de conocer los datos definitivos- habrían concluido en plazo, si bien con la sensación de que en algunos casos han resuelto sentenciando "negativas" por defecto para evacuar expedientes a toda velocidad.
Los datos definitivos no obstante, no serán conocidos hasta transcurrir un mes desde finalización del plazo, cuando Red Eléctrica lleve a cabo comunicación de resultados de la DIA, bien por ser negativo, bien por falta de respuesta administrativa. En este plazo quedarán retirados los puntos de conexión para los proyectos con DIA no aprobada.
Satisfacción en Iberdrola, que consigue pasar el trámite para 1.879 MW, también Forestalia lo supera para instalar1.215 MW, así como Endesa, que logra visto bueno para sus 1.145 MW.
Este panorama de facto refleja la ausencia de cambios en el panorama energético, pues aunque ahora pintado de verde desde los permisos de conexión y acceso a redes eléctricos hasta la puesta en marcha definitiva, mantiene una estructura oligopólica que va en detrimento de la libre competencia para que el resto de actores puedan ofrecer soluciones de generación distribuida para prosumo de proximidad.
Una vez conocido el fin de las solicitudes, tanto en el caso de desacuerdo de los promotores con la negativa recibida, como por la falta de resolución imputable a la Administración, se abriría plazo de reclamaciones.
Por su parte la CNMC, para clarificar en torno al cómputo ha estimado necesaria la emisión de nota aclaratoria.
Una vez superado este trámite, quedarán aún pendientes dos procedimientos más que habrán de llevarse a cabo :
El Congreso de los Diputados ratificó en sesión plenaria extraordinaria el Real Decreto Ley 20/2022 la supresión de la declaración de impacto ambiental para instalaciones inferiores a 50 MW.
Así, un panorama de hiper-regulación que ha encarecido y dilatado la puesta en marcha de instalaciones cuando con más presteza se requerían, deja ahora paso a una desregulación que puede prescindir de consideraciones medioambientales para un despliegue despiadado.
Los estados miembros diseñarán «áreas de acceso» dedicadas a las energías renovables con procesos de autorización simplificados y abreviados en zonas con menores riesgos ambientales.
Incluye recomendaciones, consejos y mejores prácticas para fomentar el autoconsumo en los municipios y facilitar la tramitación administrativa de las instalaciones de autoconsumo.
El Real Decreto-Ley, vigente desde 1 de abril, aborda nuevas medidas de ámbito energético para reforzar la seguridad de suministro fomentando el autoconsumo y promoviendo la integración de nuevas tecnologías renovables.
