Un contínuo afloramiento de costes por el cable submarino agudiza la percepción de riesgo para inversiones en macroinstalaciones renovables posicionadas al albur del pelotazo verde y de contribuyentes que atisban cargar con otro Castor.
Crece en la opinión pública la inseguridad por la sostenibilidad económica sobre el proyecto estrella para tendido de macrocable ya en vía de ejecución.
La propia Nota de Prensa de la CNMC asegurando normalidad - "La negociación para la interconexión eléctrica entre España y Francia avanza según lo previsto"- ya alertaba sobre complicaciones. Efectivamente, y en la misma línea que otros diarios de tirada nacional la portada de CincoDías aseguraba la Suspensión del proyecto tras conocerse graves circunstancias comprometedoras de su viabilidad.
Además de la práctica duplicidad de costes, desde los 1.700 millones de euros previstos en 2017 hasta los más de 3.100 a los que ha subido a día de hoy la apuesta, diversos factores aconsejarían desistir del empeño:
En cuanto a demanda, se constata contínuo descenso en el consumo eléctrico español, que en el pasado mes de enero ha registrado otra bajada del 4,1%.
Teniendo también en cuenta el sobredimensionado de la capacidad productiva en todo el Estado, la justificación de necesidad de importaciones para abastecer el mercado interno pierde fuerza.
Si el argumento consiste en la necesidad de ir desmantelando el parque nuclear y prescindir de los ciclos combinados, tampoco parece coherente querer sustituir las energías sucias y peligrosas nacionales con otras de igual calaña originarias de Francia.
Respecto de la oferta, entrará en liza la nueva alternativa del H2Med Barcelona-Marsella, sobre la que Francia y España acordaron estudiar la construcción de un nuevo tendido eléctrico aprovechando la infraestructura. El coste presupuestado para el hidroducto asciende a 2.500 millones y estaría listo para el año 2030, mientras que el tendido ahora cuestionado se estima que podría entrar en servicio en 2028, acumulando ya 3 años de retraso.
Por otro lado, el daño reputacional que supone la creciente oposición popular ante las agresiones al entorno reconocidas pero estimadas como afecciones no significativas por el BOE, que da el visto bueno a la formulación de declaración sobre su impacto ambiental.
A nivel de seguridad jurídica, también considerar significativos costes de judicialización, no solo por la muy reciente admisión de recurso de casación relacionada con este despliegue que enfrenta a REE con la propia Diputación Foral de Vizcaya, sino de posible avalancha de otros sobrevenidos a medida que avanzan las obras y consiguientes destrozos.
Tampoco resulta nada despreciable el enorme coste medioambiental del proyecto para la España a vaciar, entorno cuyo valor patrimonial habría de preservarse y no sacrificar como servidumbre de las capitales.
Ante la información que ha trascendido, el mismo día 3-2-22 la Bolsa ha situado a REDEIA en la cola del Ranking de Competencia de las empresas del Sector Energía que cotizan en el IBEX 35, por lo que resulta aconsejable mantener vigilancia sobre el comportamiento de su cotización.
Y no únicamente resulta intrínseco el daño, pues la sombra de duda se cierne sobre las macro-instalaciones renovables especialmente en el norte del país, cuya acaparación de conexiones y tramitación de permisos han experimentado un boom alimentado especulativamente al calor del mantra: "la alta producción renovable que prevé tener España precisa de más interconexiones para poder exportar más electricidad".
Evoca la situación la de descalabros anteriores, como la del malogrado almacén gasista Castor que hubo de suspender su puesta en marcha por peligros de derrumbe constatados tras su construcción, sepultando así 1.000 millones de euros con cargo absoluto al erario público.
También el recientemente abandonado proyecto MidCat, que tras encontrarse detenido desde el 2018 a raíz de una serie de problemas, abandona ahora definitivamente 3.500 millones de euros al apostar ahora por la nueva seducción del BarMar que trasiegue hidrógeno verde y cuya infraestructura además -curiosamente anuncian ahora- daría cabida a tendido de interconexión eléctrica.
Llegados a este punto, todo planteamiento que trate de remendar el entuerto concitando aportaciones económicas implicará repercusión de costes a consumidores y/o contribuyentes, consumiendo recursos y rentabilidad a la vez que competitividad a la solución, además de menoscabo en el prestigio de promotores, valedores y adláteres tanto económicos como políticos.
Y se veía venir...
Alí Motz recaba solidaridad para que REE aparte sus garras de cobre enfundado en plástico de los bosques y que no compita deslealmente con el autoconsumo de proximidad.
Esta infraestructura ha sido contestada por expertos y la sociedad civil organizada. La red Gas no es Solución y la Plataforma Resposta al BarMar, radicada en Barcelona, señalan este proyecto como una falsa solución a la crisis energética actual.
A unas 3 horas de la capital del Reino y a menos de una hora de la polémica mina de uranio de Retortillo, Westinghouse y ENUSA aprovechan la crisis de la Guerra para asegurarse el futuro de estos suministros.
