Los platos rotos del fiasco faraónico gasista los pagamos todos, no así los daños a más de 60.000 familias que invirtieron en renovables por cambiar el mismo Estado sus propias normas.
Rodríguez Zapatero I y Mariano Rajoy después, impulsaron la construcción del que iba a ser el asombro del mundo en cuanto a Grandes Almacenes: Un reservorio artificial con capacidad para almacenar 1.900 millones de metros cúbicos de gas, esto es, el consumo aproximado para todo el país durante 14 días.
El depósito submarino está ubicado en un antiguo y agotado yacimiento petrolífero a 21 kilómetros de la costa de Vinaroz y a 1.750 metros de profundidad.
Dicha proeza, desde su entrada en funcionamiento en 2013 ocasionó movimientos sísmicos sobre los que el informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) respecto de la actividad sísmica en el entorno del Proyecto Castor concluyó que existía una «relación directa» entre los seísmos que se produjeron en septiembre de 2013 en el litoral norte de Castellón y la inyección de gas. Uno de los seísmos alcanzó una magnitud de 4,3 grados en la escala Richter.
Imagen de CasoCastor.net
Por ello, el proyecto quedó hibernado y comenzaron a derivarse responsabilidades económicas, de las que el último garante es el Estado español, que habrá de resarcir 1.350 millones de euros a cuatro entidades financieras: Santander (700 millones), Caixabank (450) y Bankia (200), las cuales habían adquirido el derecho a percibir de la pública Enagás los cargos repercutidos a todos los consumidores de gas a través del recibo durante 30 años, incluyendo un interés anual del 4,26%.
Así, la compañía constructora, Escal -participada en un 66,7% por ACS- recibió la polémica compensación y el Estado pretendió evitarse el pago del crédito concedido por los bancos cuyo derecho ahora les ha sido reconocido por el Tribunal Supremo, además de los intereses legales compensatorios. Para afrontar el pago obligado por sentencia, el gobierno ha dictado Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias.
Sin embargo, queda pendiente la restitución a los usuarios del servicio de suministro de gas por sus aportaciones realizadas vía recibo, por cuanto la carga por el macrofiasco no debe ser soportada por estos clientes, sino por el Estado, es decir, por tod@s. Además de otros perjuicios derivados del pánico infligido por la situación creada, exigida por asociaciones de afectados como APLACA.
Este capítulo se añade a una extensa serie de pelotazos, cuyo letal cóctel es resultado de combinar megalomanía de políticos con despiadado afán de lucro empresarial. De estos pufos continúan gestándose nuevas entregas, como los macroproyectos de macrocables para Interconexiones -conocidas como Kblazos-.
La fácil resolución de la papeleta a empresas poderosas que disfrutan de adjudicaciones con exención de riesgo, contrastan con otras situaciones donde los afectados han sido totalmente desconsiderados, como el caso de la galopante injusticia infligida por el Estado a más de 60.000 familias que invirtieron en fotovoltaica por las garantías de razonable rentabilidad ofrecidas también mediante el BOE, condiciones unilateralmente recortadas -y con carácter retroactivo- por los sucesivos gobiernos del PSOE y PP, cuyas consecuencias ruinosas perduran y se agravan sin interés real tampoco del gobierno actual para resarcimiento de la injusticia perpetrada.
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