Además de estos recortes, UNESA sigue culpando a las energías renovables del déficit de tarifa y pide al Gobierno que agilice la reforma eléctrica para evitarles mayores perjuicios.
Según un comunicado publicado por UNESA el pasado viernes, 29 de Junio:
"Las compañías eléctricas ven absolutamente necesario que la reforma del sector eléctrico que está elaborando el Gobierno se haga pública cuanto antes, para evitar la difícil situación en la que se encuentran en los mercados internacionales.
Las agencias de rating han rebajado la calificación de las compañías eléctricas españolas hasta situar a algunas de ellas en perspectiva negativa. No es de extrañar, si tenemos en cuenta que las compañías asociadas en UNESA son las que soportan en sus balances el grave problema del déficit de tarifa que como mínimo y mientras exista debería ser soportado por todos los que cobran de la tarifa. Además, en la primera reforma llevada a cabo por el Gobierno, en marzo, el esfuerzo para reducir dicho déficit recayó únicamente en los consumidores y en las compañías eléctricas de UNESA.
La deuda de las empresas eléctricas tradicionales -extraordinariamente sensibles a su rating de financiación- asciende a 73.000 millones de euros (44.000 en la actividad eléctrica nacional). La reducción del mismo dificulta enormemente la realización de las inversiones imprescindibles para mantener su actividad.
A todo ello hay que añadir los impuestos, llamados ecológicos, establecidos por las diferentes comunidades autónomas. Impuestos que, además, gravan conceptos distintos y por importes diferentes. La situación es cada día más incoherente: por un lado, el precio de la energía es único en España; sin embargo, las instalaciones de generación, aun siendo iguales, soportan costes distintos según la autonomía en la que se encuentran. Esto presenta dos inconvenientes graves: se rompe la unidad del mercado nacional y los consumidores de determinadas comunidades autónomas van a soportar el coste de unos impuestos que ingresarán otras autonomías. Es, por tanto, necesaria y urgente la armonización de estos impuestos en todo el país y que se dediquen a sufragar los costes de mejora medioambiental para que sean coherentes con su finalidad extrafiscal, ya que actualmente están alcanzando cifras desorbitadas, que se aproximan a los 200 millones de euros.
A esto es necesario añadir que carece de sentido que los mayores costes que pagamos en España, más del 50 por ciento, se deben a conceptos ajenos al suministro eléctrico y, por tanto, deberían financiarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
El objetivo primordial de la reforma que está llevando a cabo el Gobierno es atajar el déficit de tarifa -la diferencia entre los ingresos procedentes de las tarifas de acceso y los costes regulados a pagar con cargo a las mismas-. Este déficit ha aumentado de manera desorbitada en los últimos años debido esencialmente a las cuantiosas primas que reciben las energías renovables en nuestro país, en especial, la fotovoltaica y la termosolar.
Actualmente, no tiene sentido comprometer unas primas de más de 450 €/MWh durante los próximos 25 años a dos tercios de las instalaciones fotovoltaicas existentes en nuestro país (aquellas que se instalaron en 2007 y 2008) cuando ya hay plantas de esta tecnología en proyecto con prima cero, es decir, instalaciones que se considera que ya son rentables a precio de mercado.
En cuanto a la energía termosolar, se están presentando proyectos en otros países por unas cantidades muy inferiores a las que reciben en España. Esto pone de manifiesto el despilfarro económico para fomentar algunas energías renovables.
España, según datos publicados por Eurostat, está entre los primeros países donde más ha aumentado el consumo de energía procedente de fuentes renovables entre 2006 y 2010. Esto quiere decir que estamos en línea con las exigencias de la Unión Europea. El debate en España se debe centrar en qué tipo de energías renovables utilizar y en si es necesario subsidiar tecnologías inmaduras.
Por otro lado, una de las posibilidades para frenar el grave problema del déficit de tarifa, es la aplicación de las tasas e impuestos del sector, entre los que se encuentra el conocido comúnmente como “céntimo verde”, a financiar dicho déficit y de esta forma sacar las primas a las energías renovables de la tarifa eléctrica.
La electricidad es un bien básico para la sociedad, y las empresas responsables del suministro son esenciales para la industria, la economía nacional y el empleo estable y de calidad. Por ello es fundamental que se lleve a cabo cuanto antes la reforma estructural, acotando la duración de los esfuerzos que transitoriamente haya que realizar, y de la que están pendientes las agencias calificadoras, así como que ésta resuelva por fin el déficit de tarifa de una manera equitativa. Una manera de ayudar a poner fin al citado déficit de tarifa es armonizando los costes regulados de manera que todos reciban una retribución homogénea y que sea razonable. Las compañías de UNESA no pueden asumir más recortes".
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El Ministerio de Energía y Minas, a través de sus Empresas Eléctricas de Distribución, han registrado más de 1.290 sistemas de generación para autoabastecimiento cuya fuente principal de electricidad es la fotovoltaica (luz solar).
