EFICIENCIA BUROCRÁTICA, el camino hacia una eficiencia energética para todas

El compromiso de España y de la Unión Europea con los objetivos de reducción de emisiones ha convertido a la transición energética en uno de los pilares clave para los Planes de Recuperación y Resiliencia y los Fondos Next Generation EU aprobados tras la pandemia, reforzados si cabe tras la crisis energética y de precios generada a raíz de la invasión de Ucrania. Este compromiso ha ido dando lugar a diferentes instrumentos de financiación y Fondos Europeos, el último, el Fondo Social del Clima.

La llegada de esta financiación ha permitido la aceleración de la Transición Ecológica y, muy especialmente, su vertiente energética, con subvenciones a la rehabilitación energética de edificios, la electrificación de los sistemas de climatización o la instalación de autoconsumo renovable.

Por su parte, el llamado Escudo Social aprobado por el gobierno durante la pandemia, que se reforzó con las medidas de emergencia por la crisis de precios, han permitido salvaguardar a miles de hogares en España, protegiéndolos de la presión inflacionista.

Sin embargo, los datos muestran que las ayudas no se están focalizando en las familias y hogares de rentas bajas y medias, que son precisamente aquellas con mayores dificultades para acceder a financiación, más si cabe teniendo en cuenta el contexto de inflación generalizada.

De hecho, si observamos de cerca cifras tan esperanzadoras como que las instalaciones de autoconsumo se hayan más que quintuplicado en los últimos cuatro años, nos damos cuenta de que, en el sector residencial, la casi totalidad (99%) corresponden a instalaciones en viviendas unifamiliares, frente al 1% de autoconsumos colectivos, cuando 2/3 de la población española vive en pisos. Esto deja entender que una gran proporción de los fondos destinados a la instalación de energías renovables en los hogares ha ido a parar a rentas altas y medias-altas. Lo mismo ocurre con el bono social eléctrico, que, a pesar de haberse reformado para cubrir mejor a los hogares más vulnerables, sigue siendo solicitado en mayor proporción por las familias numerosas de rentas altas y medias-altas.

Esto, además de ir en contra del principio de redistribución, supone un gasto ineficiente, que corre el riesgo de agravar la “brecha energética”, en la que las familias de rentas altas puedan acceder a los avances y ahorros asociados a las energías renovables o la eficiencia energética, mientras que las rentas medias y bajas quedan desprotegidas y sin acceso a esas mejoras. Así, teniendo en cuenta la rentabilidad de estas inversiones en el medio plazo, las ayudas disponibles estarían contribuyendo a mejorar la posición relativa de las rentas altas, mientras que aumenta el riesgo de agravar situaciones de pobreza energética en rentas medias y medias-bajas.

Por todo ello, las entidades abajo firmantes demandan un sistema de ayudas y subvenciones transparente y sencillo. Y en concreto:

• Formularios de solicitud y concesión de subvenciones y ayudas redactados en lectura fácil, accesibles y comprensibles para personas con distintos niveles de formación.
• Campañas de comunicación de las ayudas que combinen canales digitales y analógicos, haciendo partícipes a todos aquellos servicios públicos en contacto directo con la población en situación de vulnerabilidad.
• Instrumentos de gestión y presupuestos específicos dirigidos a colectivos vulnerables.
• Un acuerdo interterritorial para que la documentación solicitada a lo largo de todo el proceso sea similar en todas las Comunidades Autónomas.
• Que la documentación solicitada sea la mínima suficiente y necesaria para acreditar las situaciones de financiabilidad, sin que suponga nunca una carga innecesaria para la ciudadanía, respetando el derecho a no aportar documentación ya en poder de la Administración recogida en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.
• La introducción de criterios de renta máximos para el acceso a subvenciones, de forma que, además de la modulación de las ayudas se establezcan distintos tipos de acceso a las mismas. Con financiación pública mediante avales y créditos blandos para las rentas medias altas y altas y subvenciones a fondo perdido para aquellos hogares sin acceso a financiación.
• Que las subvenciones no computen a efectos del IRPF y el acceso a otras ayudas y subsidios públicos como el Ingreso Mínimo Vital o las pensiones Mínimas o no Contributivas, especialmente en el caso de las personas de rentas bajas o medias bajas.

El actual sistema de subvenciones no responde a las necesidades de una parte muy importante de la población. Necesitamos una financiación pública inclusiva, dirigida a las personas consumidoras vulnerables para que la transición energética sea además socialmente justa.

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