Existe Jurisprudencia que por vicio en el consentimiento se declara la nulidad del contrato de compraventa entre el productor y el promotor, y por la que se reintegran las prestaciones recibidas.
El Autonsumo permite que los generadores pequeños, y residenciales descuenten de su boleta o factura, los consumos de energía eléctrica y también reciban un ingreso por la producción neta que entreguen a la red de distribución.
En relación al proyecto de Real Decreto por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia la CNE propone mejoras en la conexión y en el acceso a red.
Se establece que la aplicación de mecanismos de cooperación comunitarios por parte de otros estados miembros para el cumplimiento de sus objetivos de energía renovable no podrá afectar a la producción renovable nacional.
EL Informe Anual 2011 de ASIF, denominado «Hacia el crecimiento sostenido de la fotovoltaica en España», muestra que las empresas españolas aguantaron la Crisis fotovoltaica española gracias a la exportación.
Según MITyC nos econtramos ante la necesidad de implementación de requisitos técnicos en las instalaciones fotovoltaicas y en particular todo el tema de huecos de tensión para permitir una mayor integración de esta tecnología en el sistema.
El legislador autoriza al Gobierno, a establecer restricciones anuales a la ejecución y entrada en operación de las instalaciones inscritas y la priorización de las mismas al objeto de no comprometer la sostenibilidad técnica y económica del sistema.
Los esfuerzos de ASIT por conseguirlo han obtenido sus merecidos frutos. El nuevo PER 2011-2020 y la nueva Ley de EERR y EE incluirá el sistema de Incentivos al Calor Renovable (ICAREN), que incentive la producción de energía térmica.
La llegada del marco retributivo ICAREN es revolucionaria en el sector de la industria de la solar térmica. Los esfuerzos de la Asociación ASIT por conseguirlo han obtenido sus merecidos frutos.
La CNE en esta liquidación ha tenido en cuenta la suspensión cautelar del pago de la prima equivalente según lo dispuesto en el Real Decreto 1003/2010, a 347 instalaciones de entre 1.000 analizadas.
