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Anpier remitirá al Ministerio de Industria facturas originales de las instalaciones fotovoltaicas de sus asociados.

16-8-13
Carlos Mateu
4230 Lectores
Anpier remitirá al Ministerio de Industria facturas originales de las instalaciones fotovoltaicas de sus asociados.
El hecho de que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pretenda destinar un millón de euros para estimar el coste de las instalaciones es una burla al sector fotovoltaico y un gasto innecesario.

Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, enviará al Ministerio de Industria, Energía y Turismo las facturas originales de miles de instalaciones fotovoltaicas, pertenecientes a sus asociados, para que la Administración pueda conocer, con absoluta fidelidad, el coste real que supuso dichas inversiones en sus diversas modalidades tecnológicas y temporales, así como los costes anuales de mantenimiento, datos que podrán ser contrastados por la propia Comisión Nacional de la Energía, que es el ente regulador de los sistemas energéticos y que ha demostrado tener un conocimiento exhaustivo y solvente de todas las partes del sistema eléctrico español.
 
Anpier considera, por lo tanto, absolutamente innecesario y una burla hacia el sector, destinar un millón de Euros para la contratación de tres consultoras, supuestamente independientes, con el objeto de que definan los parámetros de inversión, costes e ingresos que determinarían a partir de ahora las retribuciones a percibir por las instalaciones fotovoltaicas españolas.

El Real Decreto Ley de medidas urgentes para la estabilidad financiera del sistema eléctrico, que entró en vigor el 14 de julio, y el Real Decreto sobre regulación de las renovables, que está en trámite, fijan un supuesto retorno de la inversión del 7,5% teniendo en cuenta toda la vida regulatoria, una medida claramente retroactiva cuyo finalidad real es reducir por quinta vez en tres años las retribuciones de las plantas fotovoltaicas, que ya soportaban un merma de hasta el 40% de sus ingresos. Una previsible valoración a la baja del precio y los costes de las plantas, junto con la exclusión de los costes de financiación, supondrá el resultado negativo de todos los ejercicios de dichas instalaciones y la ejecución por parte del banco de las garantías, los hogares de las 55.000 familias inversoras en el 80% de los casos.

Este tipo de disposiciones retroactivas generan una inseguridad jurídica alarmante para la inversión y cuestiona la seriedad del Reino de España, que ya tiene abiertos dos arbitrajes en materia de inversiones renovables interpuestos por 14 grandes fondos internacionales de inversión, además de las miles de reclamaciones judiciales por parte de las familias españolas productoras. Un terreno, el judicial, en el que se resolverá la legalidad o ilegalidad de estas nuevas disposiciones, puesto que, además de que varias comunidades autónomas han anunciado ya recursos de inconstitucionalidad -como el Gobierno de Murcia, aun siendo del propio Partido Popular-, tanto los productores nacionales como los extranjeros acudirán a las instancias judiciales competentes, con la intención de agotar estas vías en todos los tribunales que corresponda.

Anpier recuerda, por otra parte, que en enero de 2012, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, criticó el recorte retroactivo de las primas a los productores fotovoltaicos impulsado vía Decretos Leyes por su predecesor socialista en el cargo, Miguel Sebastián y, preguntado por los recortes durante el acto de traspaso de cartera ministerial, declaro que «nunca es recomendable cambiar a mitad del partido las reglas del juego»1; en este mismo sentido, el Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, el pasado mes de julio, se lamentaba de que hasta ahora bastara un Decreto o una Orden Ministerial para regular el sector eléctrico porque “una orden ministerial o un real decreto sobre materia energética mueve miles de millones de Euros y los mueve con un nivel de control inferior a cualquier otra partida”2. Sin embargo, tanto el Ministro como su Secretario de Estado han impulsado un cambio retroactivo radical del marco regulatorio del sector renovable español a golpe de Real Decreto Ley y Orden Ministerial.

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