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Desde las comunidades autónomas es precisa la concesión de ayudas públicas tendentes a promover la protección del medio ambiente y el desarrollo energético sostenible, garantizándose la compatibilidad de las mismas con el Mercado Común.
Una de las prioridades de las CC.AA en el ámbito de sus competencias es la mejora de la competitividad empresarial y la de sus sectores productivos.
En este sentido las CC.AAs deberían desarrollar la política sectorial en materia de ahorro y eficiencia energética, fomento de las energías renovables y desarrollo de las infraestructuras energéticas, con la finalidad de alcanzar un sistema energético suficiente, descarbonizado, inteligente y de calidad.
Estos ámbitos se consideran claves para la competitividad de las empresas y, por tanto, estratégicos para el desarrollo económico y social del páis, al tiempo que contribuirán al cumplimiento de los objetivos comunitarios en materia energética previstos en la «Estrategia Europa 2020».
En España existen numerosas oportunidades para favorecer un desarrollo energético sostenible, por lo que las ayudas públicas harían más viables la puesta en marcha de estas oportunidades. Por otro lado, el disponer de unas infraestructuras energéticas modernas resulta crucial para que la Unión pueda respetar sus objetivos de clima y energía; además, deben destacarse los efectos positivos que la construcción y rehabilitación de infraestructuras energéticas tienen en la cohesión económica, social y territorial del País, pues con ello se favorece la inversión y la creación de empleo y el funcionamiento de los mercados de la energía.
La compañia RWE, ganadora del laudo por el recorte expropiatorio de las renovables , exigirá la traba de bienes del Reino en USA para cobrar sus 28 Millones de Euros.
A pesar del aumento de la ambición, los PNEC no logran conectar efectivamente los puntos con lo que ahora importa para hacer realidad la transición energética: despliegue de la red, modernización y flexibilidad.
