España frente al acoso internacional: Bélgica eleva a 850 millones el embargo por los impagos renovables

La justicia belga ha autorizado el bloqueo de otros 482,4 millones de euros, una cifra destinada a resarcir a los acreedores internacionales que ganaron sus pleitos ante el Ciadi (Banco Mundial). Esta intervención eleva el montante total confiscado por Bélgica a España hasta casi los 850 millones de euros, consolidando a este país como el principal escenario de ejecuciones forzosas contra los activos españoles.

La operación financiera se ha ejecutado mediante la intervención de los créditos que Eurocontrol, el organismo encargado de la gestión de la navegación aérea europea, transfiere periódicamente al gestor estatal español Enaire. Dado que las cuentas operativas de Eurocontrol se encuentran bajo jurisdicción belga, los tribunales de ese país han considerado legítimo inmovilizar dichos fondos para satisfacer la deuda con el fondo OperaFund, que reclama una compensación por la eliminación retroactiva de las primas otorgadas en 2007.

El origen de este agujero financiero para las arcas públicas reside en la inseguridad jurídica creada tras la supresión de las ayudas por parte del Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, rompiendo la fórmula de incentivos que había atraído 70.000 millones de euros en capital extranjero. Actualmente, el Estado español acumula una deuda reconocida con un total de 27 acreedores que asciende a 1.748 millones de euros de principal, a los que se suman más de 522 millones en concepto de intereses, costas judiciales y honorarios.

La resistencia del Ejecutivo actual a acatar los laudos internacionales está resultando en una factura creciente para el erario público. Se estima que la demora en los pagos genera un sobrecoste de 207.000 euros diarios (unos 144 euros por minuto). Ante la negativa de pago, los inversores han desplegado una ofensiva global que ya ha encontrado eco en tribunales de Reino Unido, Australia y Estados Unidos, donde se han validado procesos de rastreo y embargo sobre activos estatales, incluyendo sedes diplomáticas y cuentas bancarias, dejando a España en una situación de vulnerabilidad financiera internacional sin precedentes.

El impacto en las empresas públicas y el cerco internacional

1. El factor Enaire: Riesgo operativo y financiero

La elección de Enaire como objetivo de los embargos no es casual. Al ser el principal proveedor de servicios de navegación aérea en España, gestiona el cuarto espacio aéreo más importante de Europa. Su relación financiera con Eurocontrol es el "talón de Aquiles" del Estado en esta disputa:

• Asfixia de tesorería: Aunque el control del tráfico aéreo sigue garantizado, la inmovilización de 850 millones de euros supone un golpe directo a la liquidez del gestor. Este dinero, destinado originalmente a financiar infraestructuras y salarios del sistema de control aéreo, queda en un limbo legal hasta que los laudos se ejecuten o se resuelvan los recursos.

• Vulnerabilidad jurisdiccional: Al tener cuentas bajo leyes belgas, Enaire se convierte en el vehículo más sencillo para que los fondos recuperen su dinero sin necesidad de incautar bienes físicos (más difíciles de liquidar).

2. Londres: El Instituto Cervantes como rehén

En el Reino Unido, la justicia británica ha sido especialmente estricta con la doctrina de la "inmunidad soberana". Los acreedores han logrado hitos sin precedentes:

• Activos bajo la lupa: En 2023, el Tribunal Superior de Londres autorizó órdenes de embargo que pesan sobre la sede del Instituto Cervantes y el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas.

• Derechos de explotación: Incluso se ha planteado el embargo cautelar de las indemnizaciones que el Reino Unido debe pagar a España por el hundimiento del petrolero Prestige, lo que demuestra que cualquier activo financiero español en suelo británico está en riesgo.

3. Estados Unidos y Australia: Reconocimiento masivo de deuda

La ofensiva ha cruzado el océano con resultados igualmente desfavorables para el Gobierno central:

• Washington (EE. UU.): La justicia estadounidense ha validado recientemente deudas por valor de 691 millones de euros a favor de fondos como NextEra e InfraRed. Esto permite a los inversores pedir el embargo de activos financieros del Estado español en bancos de EE. UU.

• Sídney (Australia): El Tribunal Federal australiano ha emitido resoluciones de ejecución por 469 millones de euros. En este país, la justicia ha rechazado de pleno el argumento de España basado en que el derecho de la Unión Europea impide estos pagos, sentenciando que los tratados internacionales (como la Carta de la Energía) prevalecen sobre las disputas internas de la UE.

4. Consecuencias a largo plazo: La prima de riesgo jurídica

Más allá del dinero confiscado, el mayor daño para España es la reputación ante los mercados. La negativa sistemática a pagar sentencias firmes del Banco Mundial (Ciadi) envía una señal de inestabilidad a futuros inversores. Si el Ejecutivo no negocia una salida, el coste diario de 207.000 euros en intereses seguirá drenando fondos públicos, mientras el patrimonio del país en el extranjero queda permanentemente expuesto a ser subastado por orden judicial.

¿qué pasará con los inversores españoles?

Esta es, quizás, la paradoja más dolorosa del conflicto de las renovables: los inversores españoles están en una situación de total desprotección en comparación con los fondos extranjeros, debido a lo que jurídicamente se conoce como "discriminación por nacionalidad".

Mientras que los fondos de inversión de Bélgica, Luxemburgo, Abu Dabi o Japón están logrando embargar activos de España en el extranjero, los inversores nacionales (particulares, familias y pequeñas empresas españolas) se encuentran en un callejón sin salida legal.

Qué ha pasado y qué les espera:

1. El cierre de la vía judicial en España

A diferencia de los extranjeros, los inversores españoles no pudieron acudir al arbitraje internacional del CIADI (Banco Mundial), ya que este organismo solo arbitra disputas entre un Estado y un inversor de otro país.

Los españoles tuvieron que recurrir al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional:

• La sentencia de 2016: El Tribunal Supremo español dictaminó que el recorte retroactivo era legal, argumentando que las empresas solo tenían derecho a una "rentabilidad razonable" y no a que las primas se mantuvieran fijas para siempre.

• El carpetazo definitivo: Al ser validado por el Constitucional, los inversores nacionales agotaron todas las instancias internas. No tienen un laudo que ejecutar ni un tribunal que autorice embargos contra su propio país.

2. La "Discriminación Inversa"

Se ha dado una situación insólita: dos plantas solares situadas una al lado de la otra, una propiedad de una familia de Murcia y otra de un fondo de pensiones de Canadá, reciben tratos opuestos.

• El fondo canadiense cobra una indemnización millonaria vía embargo en Bélgica.

• La familia murciana debe asumir la pérdida patrimonial y, en muchos casos, seguir pagando los créditos bancarios que solicitaron para construir la planta.

3. El recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

La única esperanza que les queda a algunos colectivos de inversores españoles es el Tribunal de Estrasburgo. Han presentado demandas alegando que se ha vulnerado su derecho a la propiedad y que existe una discriminación evidente frente a los extranjeros. Sin embargo:

• Es un proceso extremadamente lento (puede tardar años).

• El TEDH suele ser muy respetuoso con la soberanía económica de los Estados en tiempos de crisis.

4. ¿Qué pasará con ellos a futuro?

El escenario para el inversor nacional es sombrío por tres motivos:

1. Sin capacidad de presión: No pueden amenazar con embargar el Instituto Cervantes o las cuentas de Enaire, porque están bajo la jurisdicción directa del Estado que les denegó la ayuda.

2. Quiebras técnicas: Muchos pequeños productores (el famoso "Sol para todos" que atrajo a 60.000 familias) han tenido que refinanciar sus deudas o vender sus plantas a precio de saldo a, irónicamente, grandes fondos internacionales.

3. Desigualdad de condiciones: Si finalmente el Gobierno español decidiera negociar con los fondos extranjeros para detener los embargos internacionales, es muy probable que los inversores españoles no reciban nada, ya que para el Estado su caso es "cosa juzgada" por el Tribunal Supremo

En resumen

Los inversores españoles son los grandes perdedores de esta crisis. Mientras el Estado gasta millones en abogados internacionales y pierde otros tantos en intereses de demora (esos 207.000 euros diarios), los ciudadanos nacionales que invirtieron en la transición ecológica de su propio país han visto cómo sus derechos de cobro se desvanecían legalmente en casa.

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