De nuevo España en el Corredor de la Suerte por su morosidad Retrovoltaica

La legión de Abogados del Estado aguarda decisión del comité del CIADI tras solicitar anulación de laudo condenatorio.

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En diferido retransmitimos el desencuentro entre el país Campeón en incumplimientos de sus propias normas y el conjunto Beher, reclamante de turno.

Por su parte, el equipo español únicamente acredita su aplastadora victoria ante 65.000 familias de su propio país, que se vieron expulsadas del terreno de juego jurídico por cambio unilateral de las reglas una vez ya comenzado el partido.

Sin embargo, no impone el masca rojigualdo su abuso a un creciente número de inversores a quienes respaldan las decisiones arbitrales, por lo que se acumulan indemnizaciones y sanciones por reincumplimiento.

En esta ocasión, el rival es un combinado de empresas europeas: Sevilla Beheer y Cordoba Beheer, dos sociedades privadas de responsabilidad limitada constituidas bajo las leyes de los Países Bajos, además de 57 empresas españolas, que actúan como demandantes.

La contienda fue resuelta el pasado 22 de mayo, concitando a un desigual número de juristas fichados para cada equipo.

Por parte de los abanderados Beheer, capitaneados por Allan & Overy LLP presentaron la siguiente alineación de 6 miembros - 1 dama y 5 caballeros- bajo dirección de Allen & Overy LLP:

En cuanto al vestuario de togas del Reino, 15 integrantes -10 mujeres y 5 hombres- componían el equipo defensor del Estado expropiante:

Tras 74 folios resolviendo el caso, los Salomones Raëd Fatallah; Peter D. Cameron, designado por los demandantes y Attila Tanzi, resuelven recortar la pretensión de indemnización por 20,5 millones de euros a reconocer tan solo el derecho a cobro de 6.756.894 €.

Sin embargo, no satisfecho el equipo demandado, y toda vez que el devengo de intereses es de tan solo el 1%, ha decidido presentar solicitud de anulación del laudo arbitral, la cual ya ha sido admitida y en estos momentos aguarda la concreción de fecha para su resolución.

En cuanto a la ciudadanía española, podría sentirse orgullosa de la bravía actitud de las cohortes de Abogados, bregados en objetar, protestar, oponerse y dificultar la aplicación de la Justicia, salvo porque los inversores españoles fueron las primeras víctimas del incumplimiento legal, habiendo de contribuir todos para pagar a legiones de funcionariales juristas además de sufrir el descrédito internacional por la inseguridad jurídica infligida.

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