Reparación de la memoria histórica a víctimas de la fotovoltaica, 1er Round

Tras celebrarse este pasado martes 21-6 la exposición de la Ponencia para negociación sobre enmiendas a la Ley del Fondo de Sostenimiento del Sistema Eléctrico, la Comisión se reunirá definitivamente el próximo martes 28 para decidir sobre su aprobación.

A partir de ahí se lleva al Senado y después vuelve al Congreso para ser aprobada.

Respecto de la enmienda 24 -la que nos ocupa- Juantxo López de Uralde, Presidente de la Comisión, ya ha comunicado al PSOE que Unidas Podemos votaría a favor de la enmienda.

Toda la Comunidad Renovable permaneceremos muy pendientes de cuanto manifiesten los que van a votar y de cuanto tengan que añadir. Ahora es el momento.

Respecto del caso, manifiesta César Vea -uno de los damnificados-:

"Nosotros pusimos en marcha y registramos la instalación antes de la fecha que exigía el BOE, todo esto se hace en la Delegación de Industria de La Rioja. Estuvimos produciendo energía y cobrándola regularmente desde 2008 hasta 2010 que es cuando aparece en el BOE que nos han expulsado del sistema de primas.

Las Comunidades Autónomas tenían competencias para poder inscribir y regularizar las instalaciones fotovoltáicas, pero el Ministerio de Industria se lo pasó por el forro y nos dijeron que al no estar produciendo al 100% nos dejaban de pagar.

La cuestión es que nos juzgaron en base a nuevos Reales Decretos que iban redactando.
Eso es lo que nadie del PSOE ha querido responder,
¿por qué nos arruinan si cumplimos con todos los requisitos según el organismo competente de la Comunidad Autónoma de la Rioja?"

Si bien la votación solo afectará a unas 60 instalaciones que fueron expulsadas del sistema de primas por diferentes negligencias administrativas, el posicionamiento denotará la actitud y visión de Estado para restituir la seguridad jurídica en entredicho.

La confianza inversora en nuestro país atraviesa un momento muy sensible, por cuanto venimos a conocer que la ministra Teresa Ribera ha abogado públicamente por abandonar el Tratado de la Carta de la Energía.

En este sentido, resulta notorio e inquietante que España ostenta el liderazgo como socio demandado por incumplimientos del TCE, habiendose iniciado más de cincuenta procesos en contra, la mayoría asociados a la expropiación de las primas ofrecidas a los inversores en energías renovables.