El Gobierno no quiere decir cual sería su sanción europea tras su atentado a las renovables.

La Comisión Europea ha expedientado en septiembre de 2013 a España por no cumplir la normativa europea en materia de energías renovables ni por informar sobre las medidas de trasposición necesarias para incorporar la directiva de renovables a la legislación nacional.

En este sentido hemos de indicar que:

- Al Gobierno español le da igual no haber transpuesto la directiva exigida por la Unión Europea, cuyo plazo finalizó el 5 de diciembre de 2010.

- El Gobierno no tiene interés alguno de informar a la Unión Europea sobre la trasposición de la directiva europea de renovables.

- La total pasividad de España en este sentido no le permite alegar nada  a la Comisión Europea tras este expediente.

- Con tanta medida retroactiva, injusta y abusiva en materia de renovables, el Gobierno no está capacitado para adoptar medidas tendetes a hacer cumplir el objetivo del 20% de cuota de energías renovables para el año 2020.

- El Gobierno no puede adelantar un importe exacto de la cuantía que podría darse en caso de sanción económica, ya que dicha cuantía, según ha informado de forma totalmente absurda y lamentable que (cito textualmente) "dependería de distintos factores que tendría que apreciar la Comisión Europea discrecionalmente (gravedad y duración de la infracción, capacidad de pago del Estado miembro, entre otros)1 en el supuesto de que decidiera finalmente proponer una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, único órgano a quien corresponde la determinación de si existe o no incumplimiento y, en su caso, la imposición de sanciones económicas, que pueden a su vez ser distintas de las propuestas por la Comisión en su demanda.".