La Asociación Española de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y almacenamientos de residuos radiactivos (AMAC) ha trasladado en el Congreso que la estrategia en gestión de residuos nucleares se haga “a espaldas” de los municipios afectados.
La Asociación señala que el horizonte de cierre de las centrales nucleares se traduce en una falta de voluntad total de implementación real de los planes de emergencia nuclear en estas zonas, a lo que se une la falta de soluciones al impacto de estos cierre a corto plazo.
Así lo ha manifestado el presidente de AMAC, Juan Pedro Sánchez Yebra, esta mañana durante su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en una ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
En cuanto a las relaciones con el CSN, Sánchez Yebra ha señalado que “la relación, sin duda, ha mejorado y esto debe suponer un aumento en el trato y de la agilidad en la transmisión de la información, incluyendo la presencia del CSN en las zonas nucleares”.
El presidente de AMAC ha recordado que el pasado mes de diciembre suscribieron un convenio por seis años para el desarrollo de actividades de formación, información, participación, divulgación que contribuyan a mejorar la calidad, alcance y transparencia de la información sobre la seguridad nuclear y el funcionamiento de las centrales nucleares y almacenamientos de residuos radiactivos de las áreas situadas en los alrededores de estas instalaciones
Sánchez Yebra ha centrado su intervención en dos áreas muy concretas: el cierre de las centrales nucleares y la gestión de los residuos radiactivos. En relación al primer asunto, ha señalado que el horizonte sin nucleares que se propone en nuestro país “produce un efecto que podríamos llamar espejismo, que es la sensación de que ya no tenemos energía nuclear. Esto se traduce en una falta de voluntad total de implementación real de los planes de emergencia nuclear”.
Así, asegura, la actividad de la Dirección General de Protección Civil ha disminuido considerablemente: “No se han organizado simulacros, no se han implementado sistemas telemáticos de comunicación para superar la situación durante la pandemia y, además, ha disminuido considerablemente la inversión de protección civil en el mantenimiento de los medios necesarios para abordar una emergencia”.
Por otro lado, y si bien es cierto que se ha constituido el Instituto para la Transición Justa y se han firmado dos protocolos en las zonas de Zorita y Garoña, “sigue preocupándonos el futuro de nuestros municipios tras el cierre de las centrales”.
“AMAC se ha implicado a fondo. Hemos creado un servicio propio de desarrollo económico y hemos promovido e impulsado la redacción de estrategias de desarrollo en las zonas nucleares aprobadas por todos los ayuntamientos, empezando por Zorita y Garoña y siguiendo ahora en Almaraz, pero nos preocupa la efectividad de los programas nacionales y autonómicos”.
En este sentido, Sánchez Yebra señala que “no encontraremos soluciones a los impactos sociales del cierre a corto plazo. El desarrollo rural es un trabajo intenso de más de diez años y, si no se crean políticas consensuadas, podemos perder lo realizado con los cambios de gobiernos en un futuro en las respectivas administraciones. Hace falta más trabajo compartido entre las partes”.
Ha recordado que los efectos del cierre en Zorita se vienen padeciendo desde el año 2006 y en Garoña desde el año 2017, por lo que “la necesidad de inversión es urgente y no podemos demorarnos si queremos ser efectivos”.
En segundo lugar, se ha referido a la gestión de residuos nucleares en España. “Aquí debemos decir claramente que todo se hace de espaldas a los municipios de las zonas nucleares. No se cuenta con ellos y todo se desarrolla por la vía de los hechos consumados”.
Así, la Asociación se enteró del cambio de la Ley Nuclear a través de una disposición adicional en la Ley de Cambio Climático, cuando las enmiendas ya estaban presentadas y pactadas con todos los grupos y el plazo de presentación finalizado; y recientemente tenían conocimiento, 24 horas antes de su aprobación en el Consejo de Ministros, de la licitación de cuatro nuevos almacenamientos en las plantas nucleares por un valor de 220 millones.
“Unos almacenamientos que no están contemplados en el Plan General de Residuos Radiactivos en vigor y que supondrán la conversión de los emplazamientos nucleares en emplazamientos de residuos radiactivos por largos períodos de tiempo, hasta cien años”, añade Sánchez Yebra, reiterando su rechazo a esta decisión.
Por todo ello, AMAC tomará todas las acciones posibles para paralizar “esta estrategia de pequeños ATCs en las centrales nucleares que ni tan siquiera reúnen las mínimas condiciones de seguridad al no disponer de celdas calientes”.
El proyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico, en los términos en los que está planteado, unido a la excesiva presión fiscal actual, abocaría al cese de la actividad de todo el parque nuclear.
Esta decisión ha contado con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica.
Decenas de miles de trabajadores empleados en la descontaminación, la mayoría de los cuales son subcontratistas mal pagados, han estado expuestos a riesgos de radiación injustificados debido a un programa de descontaminación limitado e ineficaz.
Fisuras en un depósito de residuos atómicos de la remota isla de Runit, perteneciente al atolón de Enewetak, alerta el secretario general de la ONU Antonio Guterres.
