El proyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico, en los términos en los que está planteado, unido a la excesiva presión fiscal actual, abocaría al cese de la actividad de todo el parque nuclear.
El proyecto de Ley tiene como finalidad minorar el precio del CO2 de la retribución de aquellas instalaciones que se pusieron en servicio antes del 25 de octubre de 2003, previamente al establecimiento por parte de la Unión Europea del mercado de derechos de emisión de CO2.
Las centrales nucleares españolas funcionan con autorizaciones de explotación que se renuevan periódicamente. Las actualmente vigentes fueron solicitadas por sus titulares y concedidas por el Ministerio correspondiente con posterioridad a dicha fecha. Por tanto, en el momento de la solicitud, y para llevar a cabo las decisiones de inversión necesarias, se tuvieron en cuenta el mecanismo de asignación de derechos de emisión de la UE y el precio del CO2 del mercado internacional. Con este proyecto de Ley en vigor, no se hubieran solicitado las renovaciones de las autorizaciones, varias de ellas muy recientes.
La excesiva presión fiscal que soporta el parque nuclear español y el impacto del proyecto de Ley del CO2 en su redacción actual (conjuntamente pueden superar los 30 €/MWh), unidos a los 3.000 millones de euros previstos de inversiones a realizar hasta el cese de la operación del parque nuclear en 2035 -en un entorno de precios de futuro por debajo de 50 €/MWh desde al año 2024 y a la baja, por la masiva entrada de energías renovables en el sistema con costes marginales tendentes a cero- le conducirían a su inviabilidad económico-financiera y le abocarían al cese anticipado de la actividad.
Para el presidente de Foro de la Industria Nuclear Española, Ignacio Araluce, “el cese anticipado de la tecnología de generación que más electricidad produce en España y que más emisiones de gases de efecto invernadero evita conduciría a un cierre desordenado de la generación nuclear, a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial, a una mayor dependencia energética del exterior y a un incremento de la volatilidad del precio en el mercado mayorista. Impediría igualmente el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), especialmente en lo referente a la reducción de emisiones de CO2, ya que el cierre supondría un incremento de unos 22 Mt/año”.
Junto con el efecto del proyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, ya en tramitación parlamentaria, la rebaja para un hogar superará el 15% y para una pyme estará cerca del 14%.
Se minorará temporalmente el exceso de retribución de las eléctricas por los precios internacionales del gas, rebaja el Impuesto de la Electricidad del 5,1% al 0,5%, limitará la subida de la tarifa regulada del gas natural (TUR) ...
