Vehículos que son muy contaminantes y que sin embargo llevan el distintivo ECO, como los de gas o los microhíbridos, tienen rebajas fiscales y pueden acceder libremente a las Zonas de Bajas Emisiones de las ciudades.
Activistas de Greenpeace han accedido a las instalaciones de un gran grupo de automoción en Villaverde (Madrid) para desplegar una enorme pancarta con forma de etiqueta de la DGT sobre decenas de automóviles. Bajo el texto “ECO tongo. DGT cambia las etiquetas ¡ya!” la organización ecologista ha reclamado a la Dirección General de Tráfico que reforme los distintivos ambientales de los vehículos, pues no son fieles a la realidad en cuanto a lo que estos contaminan y condicionan aspectos como las rebajas fiscales o el libre acceso a las nuevas Zonas de Bajas Emisiones, obligatorias en 150 ciudades a partir de enero de 2023.
Greenpeace denuncia que el etiquetado actual es un “coladero” para tecnologías contaminantes, como el gas fósil (mal llamado “natural”), que disfrazan de verde la industria y confunden al consumidor. Así, cualquier vehículo (coche, furgoneta o camión) que funcione con gas licuado o comprimido disfruta del distintivo ECO de la DGT, lo que les otorga importantes beneficios fiscales y normativos. Sin embargo, los vehículos de gas liberan grandes cantidades de partículas contaminantes y peligrosas asociadas con el cáncer, el alzheimer y enfermedades cardíacas y respiratorias, además de contribuir de manera similar que los vehículos diésel o gasolina a la crisis climática.
Una vez que el Gobierno anunció, a mediados de 2020, su intención de reformar las etiquetas de la DGT, las entidades ecologistas Greenpeace, Fundación Renovables, Ecodes, Ecologistas en Acción y Transport & Environment lanzaron una propuesta de mejora que corregía los fallos del sistema actual e incorporaba las emisiones de CO2 como criterio de clasificación ambiental. No obstante la DGT decidió hacer caso omiso a las recomendaciones ecologistas y ceder a las presiones de la industria del automóvil y bloqueó la reforma de las etiquetas bajo el pretexto de “acordar los criterios de etiquetado con los fabricantes”. Una posición inaceptable que demuestra cómo la DGT diseña sus etiquetas anteponiendo los intereses de la industria del motor frente a la salud de las personas y la protección del medio ambiente.
Etiquetas diseñadas para el lavado verde de la industria
Los fallos del actual sistema de etiquetado ambiental también afectan a otros vehículos, como los microhíbridos, calificados como ECO a pesar de que la aportación eléctrica es mínima, o los híbridos enchufables etiquetados como “CERO emisiones” pese a que cuentan con motor de combustión y tubo de escape. «El Gobierno de España se comprometió a corregir los fallos de las etiquetas en 2020. Sin embargo, la DGT se ha plegado a los intereses de la industria para bloquear esta revisión, permitiendo que haya miles de vehículos contaminantes etiquetados como CERO y ECO cuando no lo son», ha declarado Adrián Fernández, responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace.
«La DGT se ha convertido en una agencia publicitaria de lavado verde de la industria del motor. Pero las etiquetas son solo uno de los engranajes de la inmensa lavadora con que el sector está hace pasar vehículos contaminantes como limpios», ha apuntado Francisco del Pozo, coordinador de la campaña de combustibles fósiles de Greenpeace.
Una nueva investigación de la Universidad de Harvard encargada por Greenpeace Países Bajos, Three shades of green(washing), ha revelado el uso descarado del lavado verde y el simbolismo para sacar provecho de la crisis climática en las redes sociales de las marcas de automóviles junto con compañías aéreas y empresas energéticas de Europa. El estudio muestra que solo uno de cada cinco anuncios de coches «verdes» vendía un producto, el resto funcionaba principalmente para presentar la marca como verde. Por ello Greenpeace y otras 40 organizaciones están impulsando una Iniciativa Ciudadana Europea (ECI, en sus siglas en inglés), que pide una nueva ley similar a la del tabaco que prohíba la publicidad y el patrocinio de los combustibles fósiles en la Unión Europea.
El transporte es la principal causa de la contaminación atmosférica en toda Europa. Se ha demostrado cómo la contaminación del tráfico rodado agrava los síntomas y la letalidad de la COVID-19 aumentando así el impacto de la pandemia.
El consejo de ministros aprueba dotación de 2.083 millones de euros para la construcción de 384 vehículos de guerra a la vez que dota con migajas los programas de soporte al que titula «despliegue masivo de renovables».
Las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF reclaman al Gobierno que apruebe urgentemente el instrumento legal necesario para cumplir con los compromisos internacionales de nuestro país.
