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Al Ministro de Industria tampoco le gusta la energía eólica.

22-10-11. Juan Alcolado
sábado, 22 octubre 2011.
Juan Alcolado
Al Ministro de Industria tampoco le gusta la energía eólica.
El Real Decreto eólico con apoyo de la CNE y del MITyC paralizará el sector e impedirá alcanzar los objetivos de renovables para 2020. Celebraremos que el el Ministro de Industria no será «Renovable» a partir del 20-N.

La Comisión Nacional de Energía argumenta su apoyo en la minimización del impacto sobre el déficit, cuando se ha comprobado que las renovables en general, y la eólica en particular, no son las causantes.
La aprobación de esta propuesta de Real Decreto producirá un parón en 2013, con la consiguiente pérdida de competitividad y puestos de trabajo. Sólo en los dos últimos años el sector ha perdido 10.000 empleos.
Una ralentización del sector eólico conllevará una mayor generación fósil, cuyas importaciones de combustible y emisiones de CO2 son mucho mayores, en términos económicos, que las primas que recibiría la eólica.
El Real Decreto propuesto por el Ministerio  de Industria, y apoyado por la Comisión Nacional de Energía, vulnera frontalmente el mandato del artículo 30.4 de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, que ordena que la retribución de la actividad de generación eólica proporcione una rentabilidad razonable. La propuesta, rechazada por el sector eólico en su totalidad, excepto por una gran eléctrica, impedirá el cumplimiento de los objetivos vinculantes en materia de renovables acordados con Bruselas.
La propuesta indica que se obtendrá una rentabilidad razonable sin contabilizar costes como los derivados de los concursos autonómicos o los derivados de las restricciones de producción del sistema. Las restricciones de producción, actualmente del orden del 1%, aumentarán hasta el 6% en 2015, tal y como estima el operador del sistema.
El apoyo de la Comisión Nacional de Energía pretende minimizar el impacto sobre el déficit tarifario cuando anteriores recortes y paralizaciones de otras tecnologías renovables se han antojado inútiles contra un problema que tiene su raíz en la formación de precios y la fijación de la tarifa eléctrica.
Imposibilita la financiación
La retribución base, que pretende dar certeza a la financiación del proyecto, varía anualmente por lo que introduce una dificultad adicional a la ya complicada situación financiera, dado que los promotores no conocerán a priori cual será la retribución que obtendrán por la generación eléctrica. Esto hará inviables todos aquellos proyectos que las empresas no puedan financiar por si mismas, algo sólo a disposición de las grandes eléctricas en este país.
Medidas ineficientes
El sistema de retribución que ha venido funcionando a la perfección durante los últimos años (la tecnología eólica ha sido la que más se ha adecuado a los objetivos marcados para 2010) es cambiado de forma brusca, limitando a doce años, y a las primeras 1.500 horas equivalentes de cada año el período de percepción de la prima.
La repotenciación no está tratada en la propuesta de forma que suponga un incentivo, por lo que los parques con mayor recurso eólico – los primeros que fueron explotados – no serán repotenciados, con la pérdida de producción que esto supone.
La medida paralizará el sector en 2013
De aprobarse la propuesta del Ministerio de Industria se producirá un parón en el sector en el año 2013, con la consiguiente pérdida de competitividad para nuestra industria nacional y destrucción de empleos. Sólo en los dos últimos años el sector eólico ha perdido más de 10.000 puestos de trabajo, situación que esta norma agravaría.
Una ralentización del sector eólico conllevará una mayor generación eléctrica de origen fósil, lo que  acentuará el déficit tarifario, el problema que se pretende atajar, dado que las importaciones de combustible y las emisiones de CO2 son, económicamente, mucho mayores que las primas que recibiría el sector eólico.
La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) insiste en la necesidad de abrir un diálogo con el Ministerio de Industria que concluya en la mejora del nuevo marco regulatorio, dado que la actual propuesta de Real Decreto producirá una paralización de facto en el sector a partir de enero de 2013.

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