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La Comisión Europea no considera un buen modelo retributivo para las renovables el basado en proyectos estándar determinados a posteriori.

15-7-13. Ruth Simón Fermosell
lunes, 15 julio 2013.
Ruth Simón Fermosell
La Comisión Europea no considera un buen modelo retributivo para las renovables el basado en proyectos estándar determinados a posteriori.
Este lunes representantes de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y ANPIER se han reunido con los servicios jurídicos de la Comisión para analizar posibles vulneraciones del Derecho Europeo por parte de la legislación eléctrica española.

Representantes de cuatro direcciones generales de la Comisión Europea se han reunido este lunes, a instancias del Comisario Oettinger, con la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y ANPIER, en Bruselas, para analizar las posibles violaciones de la legislación europea por parte del Reino de España en materia de renovables.

Durante la reunión, la Comisión ha examinado las denuncias presentadas por Holtrop SLP en nombre de la Plataforma por un Modelo Energético y con la colaboración de las asociaciones del sector de renovables. Si bien ha reconocido que la Directiva de renovables tiene sus limitaciones, la Comisión continuará observando muy de cerca la legislación española en materia de renovables pues se han identificado varios puntos de anclaje a los que vincular el potencial proceso de infracción contra el Estado español. Asimismo, ha mostrado especial preocupación por el nuevo modelo retributivo basado en estándares determinados a posteriori.

A la Unión Europa le preocupa el futuro diseño de sector energético español, puesto que el actual ha acumulado un déficit de tarifa insostenible, que supera los 30.000 Millones de Euros; según la propia Comisión Europea, "una competencia insuficiente en el sector energético que ha contribuido a la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares".

El ataque a la promoción de las energías renovables supone un evidente obstáculo a la transición a un nuevo modelo energético más sostenible y justo. Además, las dificultades impuestas de acceso a la justicia reducen la soberanía de la ciudadanía.

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