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El Partido Popular, a partir del 20-N, dará Seguridad Jurídica a las Renovables.

16-9-11. Antonia Lecue
viernes, 16 septiembre 2011. Antonia Lecue
El Partido Popular, a partir del 20-N, dará Seguridad Jurídica a las Renovables.
Los Populares que próximanente ocuparan La Moncloa, prometen darnos una Política energética seria, creación de empleo, apostar por la eficiencia energética, y lo más importante: un marco estable, predecible y seguro para las renovables.

La portavoz popular en la Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio del cambio climático, Mª Teresa de Lara, ha explicado que esta alternativa se materializa en seis ejes: sector energético, ahorro y eficiencia energética; sector industrial; proyectos domésticos; y compromisos internacionales.
Para De Lara, la lucha contra el cambio climático es una oportunidad para conseguir una economía más sostenible y menos dependiente de los combustibles fósiles, que sirva al mismo tiempo para generar empleo en nuestro país y aumentar nuestra competitividad.
SECTOR ENERGÉTICO
Tal y como recuerda el PP, España necesita dar un giro a su política energética, incentivando el desarrollo tecnológico en el campo de las renovables y apoyando la consolidación de nuestra industria en este sector, pero no a costa de que los consumidores paguen la energía más cara que nuestros competidores.
Así, destaca que la creación de empleo y la competitividad de nuestra industria pasan por una tarifa eléctrica competitiva. Para el sector de la energía, los populares proponen impulsar una economía baja en carbono, establecer un mix energético definido y equilibrado, además de un marco regulatorio estable, predecible, sostenible y seguro para las energías renovables, entre otras propuestas.
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
En este apartado, advierte que la eficiencia energética no es sólo necesaria para la lucha contra el cambio climático, sino que es, además, la llave para la recuperación económica y la seguridad energética.
El PP considera prioritarias las actuaciones de ahorro y eficiencia energética en línea con lo establecido por la Unión Europea, establecer un plan estructural de ahorro y eficiencia energética a largo plazo, para los sectores difusos, con un coste definido, una valoración coste-beneficio e indicando sus fuentes de financiación, impulsar el despliegue de redes y contadores inteligentes que ofrezcan los servicios necesarios que optimicen el consumo de energía e impulsar la I+D+i en eficiencia energética, entre otras ideas.
SECTOR INDUSTRIAL
Para este sector, el Grupo Popular recomienda incentivar el tejido empresarial para la realización de auditorías energéticas; establecer un marco regulatorio estable para las decisiones empresariales en sus actuaciones para proteger el medio ambiente; impulsar el empleo de combustibles más limpios así como evitar el vertido de residuos.
 Asimismo, contempla impulsar, en el sector del automóvil, una política más encaminada a la capacitación y desarrollo tecnológico, en las nuevas tecnologías de vehículos limpios, que a la promoción indiscriminada de los vehículos eléctricos y profundizar en la I+D+i y en la política industrial relacionada con el desarrollo de nuevas tecnologías.
PROYECTOS DOMÉSTICOS
Para el PP, los proyectos domésticos representan una oportunidad para incentivar la inversión en proyectos de reducción de emisiones en los sectores difusos. Se trata de convertir un gasto cierto en una inversión en nuestro país que, a la vez que disminuye emisiones y supone una mejora ambiental, creará empleo.
En este sentido, recomienda articular el mecanismo para la expedición de derechos de emisión o créditos en relación con proyectos ubicados en el territorio nacional con el objetivo de reducir emisiones, crear empleo en España y contribuir al crecimiento de la economía.
COMPROMISOS INTERNACIONALES
En este sentido, los populares proponen no apoyar el incremento de la reducción de emisiones hasta un 30% en el año 2020, en el seno de la Unión Europea, hasta que se disponga y evalúe el estudio de la Comisión Europea sobre el análisis coste-beneficio de las consecuencias en los Estados miembros de ir más allá de una reducción del 20% de GEI en 2020.
Igualmente propone no adquirir nuevas obligaciones vinculantes en el seno de la UE, para el período posterior a 2012, si no existe un compromiso global de todos los países desarrollados de similar intensidad e impulsar en las negociaciones internacionales los enfoques sectoriales para la reducción de emisiones de GEI.

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