Necesitamos priorizar el autoconsumo y la generación distribuida y que las Comunidades Autónomas definan una zonificación socioeconómica y ambiental de aplicación obligatoria y vinculante.
La Fundación Renovables ha elaborado un nuevo documento titulado “Renovables, ordenación del territorio y biodiversidad” en el que exige unas líneas de actuación en base a una serie de criterios técnicos, regulatorios y financieros para crear una ordenación y una planificación energética en la implantación de las renovables. Con la intención de mejorar la aceptación e inclusión de la sociedad en el proceso de la transición energética, ante los movimientos de oposición que están surgiendo en numerosas regiones y localidades y con el objetivo de conservar la biodiversidad, estas medidas de actuación deben ser aplicadas a todos los proyectos de renovables, incluidos los que se encuentran en estado de tramitación.
La aplicación de estos criterios en ningún caso pone en riesgo la consecución de los objetivos a 2030 del PNIEC ya que hay iniciativas y una voluntad de inversión que superan con creces el objetivo planificado, pero deben llevarse a cabo de forma racional e inclusiva con el fin de no tener que introducir medidas correctivas conforme la implantación de las renovables se vaya produciendo. Desde la Fundación Renovables consideramos urgente el desarrollo de una regulación que priorice el autoconsumo y la generación distribuida, incluyendo objetivos nacionales sectorizados para el autoconsumo, comunidades energéticas y generación distribuida y la creación de una ordenación vinculante para las Comunidades Autónomas respecto a la generación con renovables con criterios territoriales, ambientales y de inclusión social.
Desde la Fundación Renovables venimos observando que se está produciendo, en numerosas regiones de España, una falta de control y de criterios en la ordenación por la inexistencia de una planificación en la implantación, ocasionando una saturación de las administraciones locales y regionales para la tramitación de proyectos.
Ante el panorama actual, el despliegue de proyectos de renovables a gran escala, entre otros criterios, debe realizarse en la cantidad y ubicación ajustadas para cubrir las necesidades del sistema eléctrico que las soluciones de autoconsumo y generación distribuida no pueden aportar. Demandamos que se reserve capacidad de evacuación, allá donde se instalen grandes plantas, para el autoconsumo y que se exima a las instalaciones de potencia inferior a la contratada de solicitar permiso de acceso y conexión.
El Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, abre la posibilidad para procesos en concurso abierto pensando en la asignación de potencia disponible, incluyendo la posibilidad optativa de incorporar criterios socioeconómicos y ambientales en los concursos de acceso y conexión, posibilidad que ya establecía el Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles del Parlamento Europeo y del Consejo. Desde la Fundación Renovables proponemos que el Estado garantice que la red y los nudos de media tensión tengan capacidad de evacuación para todos los proyectos de generación distribuida, junto con la creación de cupos de reserva de potencia obligatoria en la planificación energética y en las subastas. Debemos maximizar la energía que se puede inyectar a la red apostando por la hibridación de renovables, priorizando los parques eólicos existentes y los nuevos con fotovoltaica, apostando, además, por la repotenciación.
Por otro lado, el MITERD presentó, en diciembre de 2020, una zonificación ambiental para energías renovables con el objeto de dar a conocer las áreas más sensibles para la implantación de renovables, pero sin ningún carácter vinculante. Por ello, desde la Fundación Renovables proponemos que las Comunidades Autónomas creen una planificación energética territorializada que contenga una zonificación socioeconómica y ambiental obligatoria y vinculante para la ordenación de las instalaciones a escala local y regional. La propuesta es crear la base de la redacción para noviembre y, posteriormente, durante la edición, desarrollar un proceso de participación pública (de 3 meses de duración) y que quede aprobado a finales de marzo de 2023. Además, la gestión de los nudos de la red eléctrica debe realizarse en función de la demanda de energía existente y prevista en cada área.
Conjuntamente, necesitamos revisar el PNIEC con carácter de urgencia. Es necesario incluir una cláusula adicional con el contenido específico de ordenación del territorio que se comenta en estas propuestas, sobre toda la zonificación socioeconómica y un análisis de los impactos en el territorio. Se deben modificar las Declaraciones de Impacto Ambiental para que los estudios sean sinérgicos, acumulativos y consideren la totalidad del desarrollo de un área delimitada previamente. Los proyectos se pueden considerar no aptos en función de la nueva información añadida, considerando los ya existentes, y evaluarlos en función del Reglamento (UE) 2020/852.
Proponemos crear una regulación (a través del PNIEC) estricta y limitante para permitir una utilización máxima de terreno para cada instalación de no más del 30% de la Superficie Agraria Útil (SAU) .
Conjuntamente, hay que establecer límites en los diferentes nudos para que un mismo promotor no pueda obtener autorización administrativa mayoritaria de la capacidad disponible. Asimismo, se debe limitar la promoción e inversión para las empresas del grupo empresarial al que pertenece la distribuidora. En aquellas zonas en las que existan desarrollos fotovoltaicos próximos (menos de 5 Km medidos ortogonalmente desde el punto más cercano) se exigirá la colaboración entre promotores para garantizar el análisis global del entorno y evitar la exclusión y un mayor impacto.
En cuanto a la ordenación e integración local, proponemos el establecimiento de una renta de igual valor al pactado con el propietario del terreno, con un valor mínimo de 600€/MW/año, para ser percibida por los distintos municipios afectados. Además, proponemos la creación de un Fondo Provincial para la Biodiversidad y Desarrollo Social (FPBDS) que, con carácter provincial, destine los fondos obtenidos de la fiscalidad a avanzar en el desarrollo social y económico y en la conservación de los ecosistemas. Así mismo, debemos establecer procedimientos de concentración parcelaria en aquellas zonas en las que se pretenda llevar a cabo una iniciativa global dentro de un área extensa para el reparto de los ingresos de arrendamiento entre los diferentes propietarios del municipio y para la ubicación óptima de la central. Por otro lado, se debería abrir la posibilidad de adquirir hasta un 25% de participación en la inversión a personas y entidades de la zona junto con la habilitación de espacios y mesas de participación social fomentadas desde la administración local.
Finalmente, proponemos el establecimiento de cláusulas anti especulación y de limitación de actuaciones administrativas, mediante el establecimiento de un aporte, a los diversos FPBDS, de las plusvalías alcanzadas por la transmisión de las promociones.
En definitiva, el objetivo no es bloquear los proyectos en tramitación o los que ya dispongan de autorizaciones administrativas, pero las diferentes Comunidades Autónomas deberán reevaluar su implantación y sus efectos según las diferentes zonas, teniendo en cuenta los criterios anteriores, con el objetivo de liberar a aquellos que cumplan los requisitos establecidos.
Nos estamos jugando alcanzar un modelo energético descarbonizado y ordenado a largo plazo. La única forma de conseguirlo no es basándose únicamente en un criterio de rentabilidad financiera para el inversor, sino en la aceptación y participación activa de toda la sociedad.
El Certificado, que reconocerá las instalaciones realizadas bajo los mejores criterios de integración social y ambiental, será otorgado por empresas certificadoras independientes.
Vigente Orden PCM/735/2021, de 9 de julio, que tiene por objetivo marcar las directrices para la identificación y conservación de los elementos del territorio que componen la infraestructura verde del territorio español, terrestre y marítimo.
Los parques de menos de 5 MW evitan costes de infraestructuras y pérdidas en el transporte, conceptos que engrosan la factura de la luz.
