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Nos parece muy preocupante que entre quienes se oponen al proyecto estén ganando terreno voces que piden una moratoria en la instalación de energías renovables en Canarias, lo que sería un suicidio ecológico, social y económico.

Las imágenes deben reflejar instalaciones que se integran en la naturaleza a través del respeto a la flora y a la fauna autóctona y con la implementación de medidas para el aumento de la biodiversidad en el terreno.

En colaboración con la Federación de AA.VV. y las empresas del sector fotovoltaico, han aprobado un protocolo, denominado «Compromiso de Sostenibilidad Social y Medioambiental de las plantas fotovoltaicas a construir en el municipio de Cartagena».

El Grupo sectorial de EE.RR. del Movimiento Ciudadano Teruel Existe, ha solicitado «auxilio» ante la «falta de planificación en esta acelerada invasión de centrales eólicas y fotovoltaicas» en toda la provincia y, en general, en la España vaciada.

Necesitamos priorizar el autoconsumo y la generación distribuida y que las Comunidades Autónomas definan una zonificación socioeconómica y ambiental de aplicación obligatoria y vinculante.

El Certificado, que reconocerá las instalaciones realizadas bajo los mejores criterios de integración social y ambiental, será otorgado por empresas certificadoras independientes.

Encajan con la filosofía que defiende la Asociación en cuanto a que el proceso de transición ecológica debe ser una oportunidad para la Biodiversidad y deben maximizar el impacto socioeconómico positivo allí donde se implantan.

Durante la celebración de su Asamblea General Ordinaria celebrada en la mañana de hoy, también a acordado ejecutar un plan de acción para favorecer la receptividad social de las plantas.

La Asociación de Naturalistas del Sureste ha remitido a la Delegación del Gobierno en Murcia alegaciones contra una mega-planta fotovoltaica en Zarcilla de Ramos, que además tiene previsto un tendido de más de 40 km, afectando a 4 áreas protegidas.

Destaca la interconexión con Francia a través del Golfo de Bizkaia, cuya puesta en servicio se prevé para el periodo 2026-2027, y cuyo anteproyecto se encuentra actualmente en fase de información pública.