El RD 900/2015, además de instaurar el que se ha denominado «impuesto al sol» y limitar radicalmente la implantación del autoconsumo de energía eléctrica, vulnera la Constitución Española.
El próximo jueves 10 de diciembre, a las 11:30 horas, las asociaciones ANPIER, APPA y UNEF, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Solartys y otras organizaciones interpondrán, ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, diversos recursos contencioso administrativos contra el Real Decreto 900/2015, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y producción por autoconsumo.
Los firmantes de los recursos entienden que el RD 900/2015, además de instaurar el que se ha denominado "impuesto al sol" y limitar radicalmente la implantación del autoconsumo de energía eléctrica, vulnera la Constitución Española, puesto que la aplicación de peajes al autoconsumo supone una arbitrariedad con respecto a otras tecnologías que también autoconsumen; pero a las que no se les aplica carga alguna. El Decreto aprobado discrimina a las tecnologías renovables en beneficio de las tecnologías fósiles, vulnera el principio constitucional de la libertad de empresa e incurre en el incumplimiento de la Directiva 2009/28/CE de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.
Por otra parte, los firmantes entienden que existe una clara vulneración de la Directiva 2009/72/CE del mercado interior de la electricidad, puesto que la norma impone unos peajes discriminatorios, así como medidas antieconómicas y desproporcionadas para los consumidores.
Esta norma, sin parangón en ningún otro país de la Unión Europea, aleja a España de un nuevo modelo de generación limpia y social, y de la consecución del objetivo europeo de lograr cubrir, al menos, el 20% del consumo final de energía con fuentes renovables para el año 2020.
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Una cadena de valor europea de fabricación de energía solar fotovoltaica de 30 GW al año crearía alrededor de 80 000 puestos de trabajo y añadiría 4 000 millones de euros al PIB de la UE.
Uno de los reparos más frecuentes en fase de anteproyecto es la orientación vertical a 90°: la creencia de que, al no contar con la inclinación óptima de una cubierta, la captación en fachada carece de sentido técnico o económico.
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