El Congreso de Chile ha despachado un proyecto de ley llamado “netmetering”, que regulará el pago de tarifas eléctricas a generadoras residenciales de energías renovables no convencionales, entre las cuales está la energía fotovoltaica.
Greenpeace ha presentado alegaciones al Real Decreto del Gobierno señalando que las instalaciones de generación distribuida no deben limitarse con cupos ni avales.
