ANPIER pide a M.Rajoy una solución que restaure el daño causado al sector fotovoltaico, donde los pequeños productores soportan situaciones más graves que los grandes fondos sin poder acudir a la justicia internacional.
El ataque a las renovables tiene un precio precursor que atemoriza a los productores fotovoltaicos extranjeros. Perder estos arbitrajes supone la quiebra de muchas inversiones.
Un ingente número de compañías encabezadas por fondos, entidades financieras e inversores abandonaron España y muchos otros ni se acercan debido a la inseguridad jurídica instalada en el país.
Si Europa quiere proteger la seguridad jurídica de las inversiones en energías renovables debería atar más corto a España siendo conocida su escandalosa trayectoria en el abuso de la seguridad jurídica.
La seguridad jurídica es un principio universalmente reconocido, que se entiende y basa en la certeza del Derecho, tanto en el ámbito de su promulgación como en su aplicación.
