El ataque a las renovables tiene un precio precursor que atemoriza a los productores fotovoltaicos extranjeros. Perder estos arbitrajes supone la quiebra de muchas inversiones.
El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, establece nuevos “fines y funciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)”, entre los que se encuentra el de “prestar asistencia técnica y económica al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cuando expresamente se le requiera, en los procedimientos administrativos, judiciales o arbitrales en que sea parte la Administración General del Estado”.
En relación a los procedimientos arbitrales interpuestos frente al Reino de España, el IDAE ha sido expresamente requerido por la Secretaría de Estado de Energía, del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, para prestar colaboración a la Abogacía del Estado en todos los procesos arbitrales, dado que en ellos se exige una alta especialización en materia de especial complejidad técnica.
La Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017, consigna la partida, 18.425A 443 al IDAE para financiar las actuaciones de asistencia técnica y económica al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, en procedimientos administrativos, judiciales o arbitrales (Disposición Adicional duodécima del Real Decreto-ley 20/2012) dotada con un crédito inicial de diez millones de euros.
La estabilidad de los precios eléctricos en España frente a nuestros vecinos europeos destaca en un entorno marcado por la resiliencia renovable y la cautela en las materias primas globales.
El 67% de los ayuntamientos que aplican esta bonificación imponen condiciones asumibles, mientras que el 29% exige requisitos más restrictivos, como limitar el beneficio exclusivamente al sector residencial.
